Si una palabra pudiera resumir, lo que se espera en el ámbito económico, sería incertidumbre. Hace apenas unos meses que la economía mundial, y por supuesto la salvadoreña, sufrió una de las caídas más grandes en su actividad económica, producto de la pandemia del COVID-19. Aunque se barajaron escenarios donde la producción se tardaría muchos años en volver a los niveles de 2019, en términos general la economía mundial y la salvadoreña tuvieron un 2021 mejor de lo esperado. En el caso de El Salvador explicado principalmente por un incremento extraordinario de las remesas y un buen dinamismo de las exportaciones.

Sin embargo, en el ámbito social el impacto fue más desastroso: aumento de la pobreza y el hambre. Y lastimosamente la recuperación social no se ha dado. El Salvador fue uno de los países de América Latina donde más aumentó la pobreza extrema, es decir personas que no tienen dinero si quiera para comer. Algo que es muy importante reiterar, las crisis no las sufren por igual todas las personas. De acuerdo a Cepal, en 2020, mientras el 20% de la población más pobre se le redujo su ingreso, el 20% más rico lo aumentó. Y dentro de las personas más afectadas están los grupos más vulnerables como la niñez, las mujeres y quienes viven en el área rural.

A esto hay que añadirle que desde 2021, el mundo y El Salvador viene sufriendo un incremento generalizado de los precios de todos los productos. Algo que también afecta de manera desigual dependiendo los niveles de ingreso que las personas tenga. No es lo mismo para alguien que, cuando la inflación es alta, dejará de ir a Miami a comprar su ropa, que para alguien a quien el encarecimiento de todo le obliga a comprar menos frijoles.

En 2022 llegó la invasión de Rusia a Ucrania, donde en un principio se disparó el precio de petróleo, pero que conforme han ido pasando los días se ha ido estabilizando. Y frente a la realidad económica que millones de personas sufren en El Salvador, el escenario era perfecto para, desde el gobierno, dejar entrever que los problemas del país son por causa externas y que por eso se iban a anunciar medidas para luchar contra los malos de la película.

Aunque si me permiten el spoiler, ser el segundo país con el peor riesgo país de América Latina no es culpa ni de los rusos, ucranianos, estadounidenses o chinos. Es culpa de la concentración del poder y la destrucción de la poca institucionalidad, desde la presidencia de la república, y la toma de decisiones económicas como si se tratara de un juego de Monopoly.

Luego de más de la mitad del mandato de la actual administración no se conoce su plan de gobierno ni tampoco su plan económico. Tampoco se han realizado cambios importantes para mejorar la productividad del país, por ejemplo, a través de un aumento de la inversión en investigación, desarrollo e innovación. No se ha avanzado en una estrategia de seguridad alimentaria ni de desarrollo rural. Y mucho menos en mejoras las condiciones precarias del mercado laboral. No hay avances en la economía de cuidado. Lejos de mejorar el sistema de protección social, se han tenido retrocesos. Tampoco se han hechos cambios para cambiar el sistema de transporte masivo. Y el tema ambiental sigue viéndose como un espacio para la depredación, pero no para el desarrollo. No se ha avanzado en el cumplimiento de la Agenda 2030.

Y sobre todo siguen sin haber cambios en una política fiscal diseñada para la sobrevivencia. A pesar de las múltiples promesas, los impuestos siguen afectando más a las personas pobres, mientras hay sectores que no pagan impuestos. El presupuesto sigue sin garantizar bienestar ni derechos y tampoco está vinculado a resultados. La corrupción sigue galopante y los espacios de participación ciudadana no existen.

Sin embargo, frente al despliegue del ejército con armas y el otro ejército con cámaras, la percepción es que “algo se está haciendo”. Aunque en lo concreto las medidas económicas anunciadas son el equivalente a ponerle un curita a alguien que lo que necesita es una cirugía de corazón abierto.