El costo de haber negociado y pactado a espaldas de la población que sufre la violencia cada día ha sido un costo muy alto, aprovechado electoralmente para el rápido ascenso de una generación política que estaría demostrando haber seguido los mismos pasos, aunque con mucho más cinismo. No obstante, la condena no necesariamente se focalizaría hacia actores públicos que podrían haber asumido roles de mediación o interlocución, sino a manejos ocultos y dirigidos en beneficio de intereses de grupos específicos para asegurarse poder.
Para nadie que habite en comunidades y localidades controladas por criminalidad organizada o por diversas razones se vea en la obligación de entrar y salir de las mismas, le es ajeno el obligado entendimiento con estos grupos. Se han visto por rigor a ello empresarios que necesitan mover su mercadería, compañías de servicios como energía eléctrica, telefonía o internet y también funcionarios y políticos de distintos niveles. Pretender meter a la cárcel a toda esta diversidad de personas es una acción imprudente, pero, sobre todo, lejana a brindar una solución sostenible.
Declarar guerras desde discursos populistas y explotar políticamente sentimientos de odio y venganzas tarde o temprano aterrizará en la realidad de que en este tipo de dinámicas nunca hay ganadores. Pese a ello, todo apunta a que en una nueva fase más publicitaria que verídica nos hablaría de victoria, anunciaría que la guerra se ha ganado y será el momento de mostrar clemencia ante los perdedores ofreciendo oportunidad de reinserción. Un planteamiento en principio difícil de refutar si partiera de planes claros y no de la improvisación al verse evidenciados y bajo presión.
De esa improvisación y presión pareciera nacer la situación de excepcionalidad que estamos viviendo y la tendencia a convertirla en norma. Esto solo suma una masa de gente pobre y excluida a la que se le esta arrinconando a niveles de desesperación.
Queda entonces entender que cualquier salida pasa ineludiblemente por algún tipo de acercamiento que avance a empezar a hablar de cómo dar fin a la violencia. Definitivamente, y con razón, éste no es un planteamiento que cuente con apoyo popular, pero si el gobierno canalizara el favorable nivel de aceptación del que ha gozado, podría haber condiciones para tomar el riesgo de conducir una empresa de esta naturaleza. La verdad es, que sería imperdonable al menos no intentarlo.
Esto pasa, en primer lugar, por transparentar lo que está sucediendo y abrir espacios a instancias internacionales que cuentan con la experticia necesaria para acompañar un proceso de este tipo. Muy útil podría resultar también conocer de iniciativas en esta línea, como en algún momento ocurrieron en Ecuador y España, por ejemplo, o New York en Estados Unidos. De no estar criminalizado brindar información sobre estos temas, podría ser de mucho provecho que la ciudadanía conociese estas experiencias y aprender de ellas para construir nuestra propia hoja de ruta. Mientras tanto, el tiempo corre y el que calla otorga. La prolongación del silencio ante nuevos elementos probatorios solo puede augurar que arreciarán represalias en medio de un nuevo bombardeo dirigido a desacreditar al emisor, pero cada vez con mayor dificultad para lograr encubrir la verdad.