De acuerdo con expertos en fenómenos meteorológicos, estos eventos climatológicos adversos que afectan nuestra región aumentaran en frecuencia e intensidad en relación con el calentamiento global (incremento de la temperatura del mar, evaporación acelerada), variabilidad climática (el Niño y la Niña), derretimientos de glaciares y polos (incremento del nivel del mar), aumento de la humedad atmosférica (tormentas más fuertes), desertificación y cambios en el uso de la tierra (agricultura y urbanización). La situación que actualmente estamos experimentando y las situaciones que se nos aproximan son serias y angustiantes. Son verdaderamente eventos naturales adversos que ponen a nuestras poblaciones, especialmente aquellas poblaciones en situación de vulnerabilidad, en serios riesgos de pérdidas materiales y de vidas.
Es cierto, estos eventos catastróficos son impredecibles y sobrepasan las capacidades humanas para combatirlos y/o disminuir su intensidad. Sin embargo, iniciativas de gobierno lideradas por expertos y bien planificadas pueden teóricamente aumentar la resiliencia de la población y disminuir los factores de riesgo, tanto para pérdidas materiales como humanas. El problema es que el enfoque del gobierno, de este y anteriores, con relación a emergencias, es político y no técnico. Las emergencias no son, ni han sido, una prioridad del sector salud, con una actitud reaccionaria, inmediata y temporal, que ignora la planificación de una respuesta ordenada, coordinada y efectiva. Todo se nos va en momentos “kodak” metiendo a señoras desposeídas en charcos para que nos tomen la foto y publicarla en “X”. O nombrar a sobalevas, sin la necesaria capacidad técnica y experiencia, en puestos claves de instituciones de gobierno.
Hasta el viernes 21 de junio, en que escribo estas líneas, 19 salvadoreños/as, en su mayoría jóvenes y niños/as, han perdido la vida debido a estas tormentas. La mayoría de estas muertes se han sucedido en el municipio de Ahuachapán Centro (6 muertes), seguido por San salvador Este (4 muertes), San Salvador Sur (3 muertes), Sonsonate Oeste (2 muertes), San Vicente Sur y la Unión Sur (1 muerte respectiva). Solamente 6 de los 44 municipios de nuestro país han reportado muertes. ¿Serán tomados en cuenta para planificaciones futuras? Casi la mitad de las muertes han sido por causa de soterramiento (47%), seguidos por caída de árboles (15%) y ahogamiento (15%). Vale la pena aclarar que esta información no ha sido publicada en la página web de la Dirección General de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres. Esta información fue colectada de artículos publicados en los medios de información escrita del país.
La falta de transparencia generalizada practicada por cada una de las dependencias del presente gobierno es algo insólito y peligroso para la seguridad ciudadana. Uno de los principios fundamentales en el manejo de cualquier emergencia es el acceso a la información y la participación ciudadana. La planificación y ejecución de acciones que busquen disminuir el riesgo se ven seriamente limitadas sin la inclusión de estos principios. Yo vivo en uno de los seis municipios de alto riesgo de muerte, y sin embargo la información a la que yo tengo acceso para poder proteger mi vida y la de mi familia no proviene de una fuente gubernamental.
La Dirección General de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres depende del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. Esta entidad es responsable de coordinar y ejecutar las acciones de prevención, mitigación y respuesta ante desastres y emergencias en el país. Es imperante, que, dada la situación de vulnerabilidad de nuestro país, esta institución tuviese un ejercicio de rendición de cuentas de cara a la población. Es fundamental que esta institución comience un proceso de fortalecimiento con la participación de entidades no solo de gobierno sino también de la sociedad civil.