Me desilusiona sobremanera cómo los gobiernos autoritarios cambian toda la legislación para acomodarla a los fines del mandatario, fines que son tan obvios como descarados, y me desilusiona porque pisotean la Constitución, la democracia y el sistema republicano que tanto nos han costado.

Hace unas cuantas semanas mandaron de Casa Presidencial el proyecto de Ley de Compras Públicas, la cual se aprobó, como ya es usual, en tiempo récord. Una ley que ni los diputados de Nuevas Ideas conocían, pero estos, como ya es normal, la defendieron a capa y espada: “modernizar las contrataciones administrativas y hacer más eficientes los procesos, lo cual permitirá que se armonice con las nuevas tecnologías de información”. Para eso bastaban algunas reformas a la LACAP, que bastante bien había funcionado.

Otro sonsonete que repitieron: “La anterior normativa estaba obsoleta. Ahora, aprobaremos un nuevo cuerpo legal para hacer contrataciones de manera ágil, clara, oportuna, eficaz y transparente”. ¿En qué era obsoleta e impedía la eficacia y transparencia la vieja ley? ¡Pamplinas! A otro perro con ese hueso.

Repitiendo como robots programados todo lo que les mandaron a decir. Lo que han demostrado los diputados de la bancada cyan es comportarse igual a como lo hacían los parlamentarios de ARENA y el FMLN cuanto tenían el Ejecutivo.

Las críticas racionales no se hicieron esperar y señalaron que el proyecto de ley venido de la Presidencia tenía vacíos y ambigüedades. ¡Vaya! Eso, en materia de transparencia, es cáncer mortal. Una ley de adquisiciones y contrataciones públicas que socave las cuentas claras, es fatal. Se los explico de esta manera: cuando no hay transparencia se abren las puertas para que los funcionarios de turno se enriquezcan de forma grosera, apuñalen la competencia leal entre empresarios ofertantes, creen una argolla dorada que se eternice en el poder y hagan del dinero público un banquete para pocos.

Lo anterior no es mentira, solo miren que entre los artículos propuestos estaban permitiendo que funcionarios y empleados públicos pudieran ofertar.

En particular donde, en lo personal, me surgen más dudas es en lo que se refiere a los “proyectos estratégicos” y en la creación de una entidad que “supervise” las licitaciones.

Con respecto a lo primero, un personero del gobierno justificó la decisión de excluir los proyectos estratégicos basándose en que el país “debe analizar aspectos en los que considere que se puede generar competencia o no en los procesos”. Y yo me pregunto, ¿desde cuándo eso ha sido un problema? ¿En qué caso específico El Salvador tuvo que analizar ese punto en particular, de “problemas de competencia”, para hacer una licitación internacional? Suena raro. La situación es que en esos “proyectos estratégicos” es donde más plata hay, y no hay un estudio técnico-jurídico que demuestre lo que afirman.

Finalmente, ¿cuándo, en su campaña, Nayib Bukele o los candidatos a diputados señalaron que había que cambiar la LACAP? ¡Nunca! Simplemente ha sido una ocurrencia más de las que ya nos tiene acostumbrado este gobierno.

Lo otro que deja más dudas que respuestas es la creación de la Dirección Nacional de Compras Públicas (DINAC). Es como volver a los viejos tiempos del militar Partido de Conciliación Nacional y de la Proveeduría General de la República, que centraba todo lo relacionado a las compras y a su distribución. Retrocedimos eras geológicas en materia de contrataciones públicas con este invento.

Le quitan la autonomía a cada ministerio para hacer las compras que cada uno crea necesarias, autonomía la cual es lo más moderno en materia de adquisiciones; y en lo que se refiere a auditar, ¿para qué está la Corte de Cuentas? ¿Acaso no es para eso?

Nada, no nos enredemos: lo que quiere el Presidente es tener control de todas las licitaciones y eso es parte del guion que él viene siguiendo, y con la injerencia directa en las instituciones estatales solo se me ocurre pensar que decidirá a quién sí, a quién no y cuánto.
Bueno, al fin de todo será el tiempo el que nos diga la verdad detrás de todo esto. Si es para bien del país, será aplaudido, pero, si no, será evidente y habrá que reclamarlo en las elecciones.