La conmemoración del 1° de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, bajo la consigna de “Unidad, Lucha y Organización para Rescatar la Nación”, expone las precarias condiciones de vida que padecen los trabajadores y sus familias; sobre todo a la luz de maquilladas cifras de aparente bonanza económica presentadas por el Banco Central de Reserva (BCR), cuya única evidencia es el bienestar de los funcionarios y allegados de Bukele. Algunos llegan al colmo de ufanarse en redes sociales de la bonanza que disfrutan. Pretender encubrir el desplome inocultable del descalabro económico, apenas “repellado” para cubrirlo mediante datos “ajustados” por el BCR, es una “chambonada” que contrasta con la información meticulosa de organismos nacionales e internacionales especializados, quienes dan cuenta del precario estado de una economía rezagada en exportaciones, con la menor Inversión económica directa de la región, que registra el menor crecimiento del PIB y con poca generación de empleos. Un modelo precariamente sostenido a flote a puros préstamos, remesas y publicidad.

El país sigue muy lejos de encontrar la ruta al desarrollo justo, sostenible y sustentable que llene las expectativas de los trabajadores y sus familias. No basta imponer un patrón de seguridad pública basado en la represión y sacrificar a miles de inocentes dolosamente encarcelados para fingir un plan de progreso. El país está en la hondonada, empantanado en la mayor inseguridad jurídica, económica, social y alimentaria; al borde de una reforma fiscal que traerá más costos que beneficios por su carácter regresivo. Lo anterior ocurre junto a la amenaza de la imposición de una reforma constitucional sin sustento legal, torcida de antemano por un ilegítimo e ilegal mandato presidencial impuesto vía reelección inconstitucional. Sumado a ello, la creciente corrupción; el despilfarro en fallidos proyectos como el Bitcoin y Chivo Wallet; la dramática caída de la inversión pública; el escandaloso cierre de muchos programas sociales; la opacidad y falta de transparencia en el manejo de la información y los recursos públicos, coronan el panorama desolador del país.

Este aniversario de los trabajadores ocurre bajo un grave retroceso en los derechos laborales y sindicales, diezmados con la amenaza y presión mediante la prolongada imposición del Régimen de Excepción, extendido durante más de dos años, anulando derechos y libertades democráticas; y utilizado de pretexto para criminalizar el derecho sindical. Aunado a ello, el despido masivo de más de 21,000 trabajadores de instituciones públicas en lo que va del gobierno de Bukele. También se tiene el cierre de 18 dependencias gubernamentales y la clausura de nueve sindicatos. No hay duda de que es grave el fuerte retroceso de las garantías de protección a lideres sindicales con el despido de 68 directivos que contaban con fuero sindical. Es permanente el acoso a organizaciones laborales y sindicales que no se doblegan ni someten al régimen de Bukele. A esta avalancha se suma el despido injustificado de trabajadoras embarazadas, de trabajadores que adolecen discapacidades; y el bloqueo a cerca de quinientos sindicatos a los que les niegan las credenciales que por ley deben recibir.

El contexto en el que los trabajadores asumen esta conmemoración es el de un comprobado deterioro de las condiciones de vida, marcado por el incremento de la pobreza, que del 22% al inicio del mandato de Bukele en el 2019, se ha disparado al 26,5%. Este grave retroceso es producto de la caída del empleo; del alza inmoderada del costo de la Canasta Básica de Alimentos urbana y rural, que con apenas 22 productos, se incrementó en 28% y 27% respectivamente, alcanzando un costo de $257.00 y $185.00 a febrero de 2024. En tanto, el salario mínimo urbano y rural no sobrepasó los topes de $365.00 y $272.00; la pensión que reciben los veteranos y desmovilizados de guerra es de apenas de $100.00; mientras un porcentaje de lisiados reciben entre $73.00 y $290.00; y la gran mayoría de los pensionados solo recibe $304.00.

Por su parte, los trabajadores del campo, que cultivan para cubrir una precaria subsistencia, tendrán que conformarse con una misera tarjeta de $75.00, a la que el gobierno redujo el “Paquete Agrícola” de semillas e insumos; mientras el costo del cultivo de una manzana supera los $850.00.

Finalmente, a las trabajadoras vendedoras desalojadas de las calles de San Salvador, calificadas como informales, pero que necesitan sostener formalmente a sus familias, el gobierno les ha negado una opción viable para sobrevivir. Ese es el “saludo” del Día de los Trabajadores de este régimen.