Los impactos causados por la ocurrencia de este tipo de fenómenos parecen intensificarse año con año, particularmente por factores vinculados a la actividad humana como la deforestación y el deterioro ambiental; el crecimiento urbano sin ningún tipo de ordenamiento territorial; el aumento de la pobreza y la desigualdad; y, una infraestructura pública deficiente y poco resiliente.
Pero el impacto de las lluvias en un país vulnerable no es lo único recurrente, también lo es la respuesta estatal a este tipo de fenómenos. A pesar del conocimiento de los riesgos y vulnerabilidades de nuestro territorio en épocas de lluvia, el quehacer de las instituciones públicas mantiene un carácter reactivo que, frente a las situaciones de emergencia por eventos climáticos, se centra en la atención ex post de las poblaciones afectadas y en la reconstrucción. Con esto no quiero decir que ese tipo de respuesta no sea necesaria, lo es, pero no debería ser la única. El Estado salvadoreño tiene muchas tareas pendientes en materia de adaptación y reducción de la vulnerabilidad, con la experiencia nacional ya se deberían haber adoptado políticas públicas que eviten que los riesgos y vulnerabilidades se transformen en desastres que incluso cobran la vida de personas.
Seguir con el mismo tipo de respuesta no es una alternativa, el cambio climático es cada vez más evidente, los eventos climáticos serán cada vez más intensos y también lo serán sus impactos. La frecuencia y severidad de sequías amenazan la seguridad alimentaria, al mismo tiempo, un mayor riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra ponen en peligro tanto la vida humana como la infraestructura. Además, se prevé una mayor inseguridad hídrica, el aumento de epidemias de enfermedades transmitidas por vectores, la vulnerabilidad de la infraestructura pública frente a eventos extremos, el deterioro de los ecosistemas, las marejadas ciclónicas y la erosión costera. En ese escenario evidencian la urgencia de estrategias de adaptación y mitigación.
La respuesta del Estado frente a las condiciones nacionales de vulnerabilidad requiere que la dimensión climática y ambiental estén al centro de los procesos de tomas de decisiones de política pública y de cualquier estrategia de crecimiento económico y desarrollo, suele pensarse que el ambiente es la moneda de cambio para más progreso, pero no es así, el desafío reside en promover el crecimiento económico de manera sustentable y sostenible. Impulsar la transición hacia una economía con bajas emisiones y resiliente al cambio climático es indispensable.
Además de ello es necesario que además de planes y protocolos de respuesta ante emergencias se cuente con sistemas de alerta temprana, a nivel nacional y comunitario, que proporcionen información confiable y advertencias a la población, en particular a quienes habitan en zonas vulnerables.
Y desde luego, no se puede dejar fuera de la discusión la dimensión fiscal, el financiamiento es un elemento crucial que determina las posibilidades de un Estado de dar respuesta al cambio climático y a la generación resiliencia frente a condiciones climáticas extremas. En este punto es importante reconocer que se necesitan recursos no solo para la atención de emergencias y el financiamiento de procesos de recuperación y reconstrucción, pero también para financiar estrategias de prevención, adaptación y reducción de la vulnerabilidad. E igual de indispensable es que dichos recursos sean ejecutados con transparencia.
Las condiciones actuales del país requieren que sea el Estado y sus instituciones quienes asuman el liderazgo, con base a evidencia técnica y una perspectiva de política pública, en materia de gestión del riesgo, reducción de la vulnerabilidad, adaptación al cambio climático y promoción de un desarrollo sostenible.
Lourdes Molina Escalante es economista sénior del Icefi
@lb_esc