Este año preelectoral es decisivo para consolidar la opinión que determinará el voto ciudadano. En este contexto los mayores problemas del país giran en torno a una grave crisis económica, severamente marcada por el bajo crecimiento y que ubica al país a la cola de la región Centroamericana; la caída del empleo formal; y la creciente inflación. Esta última ha disparado los precios de los productos de la reducida canasta básica y amenaza con una grave crisis de falta de alimentos, señalada reiteradamente por todas las agencias de cooperación y organismos internacionales, que observan el acelerado deterioro económico y social del país. A este descalabro se suma la insostenibilidad de una creciente deuda pública, que mantiene en rojo las finanzas gubernamentales y que solo durante el presente Gobierno adiciona 6,426 millones de dólares de nueva deuda, para un acumulado de 25,709 millones.
Además de la debacle económica, es creciente la incertidumbre por la imposición de un prolongado Régimen de Excepción, con el resultado de miles de víctimas inocentes y graves violaciones a Derechos Humanos. Si bien ha contenido los homicidios, es incapaz de prevenir y detener la comisión de otros crímenes como los feminicidios, la creciente violencia intrafamiliar en todas sus formas y los delitos patrimoniales, incubando un desenlace insospechado. El Régimen de Excepción está siendo utilizado como “el gran garrote” represivo y amenazador para mantener bajo control una creciente demanda y movilización, producto de la insatisfacción económica y social. Este cuadro de inestabilidad indudablemente repercute en la caída de la inversión extranjera, que es sensible a la inestabilidad e inseguridad jurídica, lo que empuja también una creciente migración que no pudo ser contenida con la baja en las cifras de homicidios.
En este mismo contexto crecen las amenazas sobre el maltrecho proceso electoral afectado por la debilidad institucional del árbitro (TSE), la aplicación de reformas sin consenso, la posibilidad de nuevas reformas atropelladas que deterioren más la debacle democrático institucional, debido al insaciable y omnímodo poder de Bukele, que extingue libertades y derechos constitucionales y amenaza con su reelección inconstitucional para perpetuarse en el Gobierno. Mientras, crecen las denuncias de graves hechos de corrupción; el uso de recursos públicos con fines electorales en descarada campaña adelantada; se endurece el acceso a la información pública, extinguiendo cualquier resquicio de transparencia; crecen y engordan las granjas de troles, bots, las redes de tuiteros e influencers orgánicos y mercenarios al servicio del Gobierno; y se orquesta otra oscura campaña electoral de descalificaciones y ataques.
Por ello, crece la importancia de trabajar para exigir un conjunto de garantías desde la sociedad civil, las fuerzas de oposición, los críticos y el movimiento popular, con el fin de establecer mínimos sobre el proceso electoral y garantizar que las elecciones estén sometidas a estándares internacionales que den certeza sobre la fiabilidad de sus resultados. Debe garantizarse y facilitarse el derecho constitucional de los partidos contendientes a vigilar y fiscalizar el proceso electoral en todas sus etapas, tanto en el interior como en el exterior del país. Es urgente demandar el acompañamiento especializado de misiones internacionales de largo plazo, que desde ya ausculten y verifiquen el cumplimiento de los planes, del calendario y de los programas electorales, realizando las pruebas piloto que generen confianza sobre la transparencia e integridad del proceso electoral, especialmente sobre el uso de la tecnología, como parte de los derechos ciudadanos de los electores.
Finalmente, debe asegurarse una amplia batería de auditorías calificadas y creíbles a todos los programas que utilizan hardware, software y sistemas operativos del registro electoral, controles biométricos, voto por internet y voto electrónico, con el fin de tener las garantías mínimas de un proceso que desde ya se anuncia viciado.