Este es el momento que hoy vive Centroamérica. Y no es que antes no se fuera contra la democracia. Lo que pasa es que antes de 1980 en Centroamérica (con la excepción de Costa Rica), la cuestión de la democracia carecía de relevancia política. Por casi todo el siglo XX (con la excepción de ‘la primavera guatemalteca’ de 1944 a 1954) la férula militar aupada por los intereses empresariales agroexportadores más conservadores hicieron de Centroamérica una zona de exclusión democrática.
Fueron las luchas sociales que se abrieron paso desde 1960 en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua... las que, no sin yerros y extravíos, lograron poner marcha atrás a aquel férreo dispositivo que ensangrentó nuestras ‘tierras de pan llevar’ (expresión debida a Heliodoro Valle). Y no es que el grueso de aquel empuje político-social girara en torno al imaginario de la democracia, no, claro que no fue así, pero al final de las confrontaciones político-militares, en la década de 1990, resultó evidente para todos los contendientes que lo más sensato y viable era intentar vivir en democracia.
Pero esa tentativa fracasó. Las posibilidades para la democracia en Centroamérica (incluido Costa Rica) no son buenas. La medusa meliflua autoritaria, de nuevo, ha tomado la delantera y está asfixiando la vida cotidiana. Y lo curioso del caso es que la soga que tiene del cogote a los pueblos centroamericanos es la soga que algunos pensaron que era la vía de escape para salir del autoritarismo. Sí, quienes van contra la democracia son los que ganan elecciones. Bueno, no todos.
La avalancha ciudadana de Guatemala que acaba de dar la victoria electoral a Bernardo Arévalo del Movimiento Semilla anhela que la democracia encuentre espacio para prosperar, no que se rehabilite porque Guatemala después de 1954 no ha podido ver la clara luz de la mañana.
Pero los que van contra la democracia se han empeñado en poner filosos vidrios en el camino para que el ejercicio del poder gubernamental de Arévalo sea lo más complicado que se pueda. Anular el proceso electoral ya no pueden (que era su plan A), porque las cifras del balotaje son contundentes. Entonces despliegan el plan B, que consiste en que ese nuevo gobierno sin correlaciones institucionales llegue a la toma de posesión tan debilitado que trastabille desde el inicio. Las denuncias de un posible atentado contra el presidente electo o la cancelación del Movimiento Semilla como partido político o el acoso al Tribunal Supremo Electoral o el anuncio de un supuesto fraude electoral que la (mal) perdedora Sandra Torres ha propalado o el amparo constitucional solicitado por la titular del Ministerio Público (la señora Porras) para evitar que el descontento ciudadano no la aparte del camino, todo eso, es parte del plan B para que Arévalo despliegue un gobierno débil.
Sin embargo, finalizada la contienda electoral, los que van contra la democracia quizá no han calculado bien y siguen con el disco rayado del asunto electoral. Ahora las cosas ya están en otro terreno: de lo político-social. Y aquí la movilización cívica es crucial y podría hacer tambalear a esos ‘peones’ como la señora Porras o el fiscal Curruchiche o el juez Orellana o, incluso, el impresentable presidente saliente Giammattei.
Imaginar que el presidente electo y su equipo se van a amedrentar frente al acoso político-judicial es un presupuesto infundado que le puede salir muy caro a los financistas que mueven los ‘peones’ en comento. Más bien, deberían pensar que los movimientos de este ajedrez político se les ha complicado. Es un final sin reinas, con pocas piezas, y los que están contra la democracia se han quedado solo con el rey y un alfil. Y lo que podría llamarse su contrincante tiene un caballo, un alfil, una torre y un rey.
Ahora ya no se trata de ganar la elección, eso ya estuvo, y contra todo pronóstico. Lo que corresponde hoy es limpiar la mesa y ese procedimiento no puede darse sin acompañamiento, es decir, no es el Movimiento Semilla, en solitario, el que debe hacer esa tarea. El capital político con el que ha sido investido Bernardo Arévalo debe servirle a la ciudadanía activa para mostrar músculo.
Ni la señora Porras ni el fiscal Curruchiche ni el juez Orellana ni algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia han sido invitados a esta posible primavera política en Guatemala. Así que deberían ir ahuecando el ala, por las buenas.