El fútbol es el deporte más lindo e importante en la existencia humana; genera pasiones e ilusiones, une anhelos patrióticos, rompe barreras y diferencias ideológicas, es capaz de unir a toda una nación, amalgama familias, hace llorar y reír, desaparece las diferencias entre ciudadanos de distintas clases sociales y desgraciadamente adormece a las masas. Sobre este hermoso deporte giran intereses económicos, políticos, sociales y hasta ególatras, por lo que suele ser muy vulnerable. Cualquiera con participación directa en dicho deporte o con poder económico o de otro tipo, en un momento determinado, puede hacerle un grave daño.

En El Salvador siempre hemos vivido con la sospecha permanente de que hay intereses manipulando el fútbol, especialmente en la Primera División, lo que a la postre es una de las principales limitantes para que este deporte se profesionalice y mejore sustancialmente. Nos hemos estancado en un nivel que raya con lo mediocre y que nos hace ver muy pequeños a escala internacional, mientras otros países avanzan. Poco, pero avanzan. Lo ocurrido el domingo 29 en el estadio Cuscatlán en el juego de la final entre Alianza y Águila es bochornoso, descarado e indignante. El árbitro central Edgar Alonso Ramírez “simuló” una lesión grave para detener una jugada manifiesta de gol cuando apenas faltaban un par de minutos para terminar el partido. El reglamento arbitral expresa que cuando ocurre eso, el árbitro central debe permitir que siga la jugada y apoyarse en su línea.

Al final no importa si la jugada hubiese terminado en gol. Con la calidad de nuestro fútbol, igual se pudo haber fallado. Queda esa duda existencial sobre la posibilidad de que esa jugada concretara en gol. Tampoco importa si el afectado fue Alianza o Águila, pues en general el afectado es el fútbol nacional, con semejante mediocridad. Al día siguiente el árbitro, aconsejado por a saber quién o por su propia trama, hizo más grande su deshonestidad cuando tras hacerse una radiografía de su tobillo obtuvo el resultado de un “espolón”, pero él presentó ante la Comisión de Arbitraje de la FESFUT documentos alterados al sostener que el sufrió un “esguince grado 1”, lo cual es una lesión leve pero más grave que el “espolón”. Esa, según él, era la justificación perfecta para engañar a todo un país sobre su mal desempeño.

Afortunadamente la Clínica Radiológica de Usulután, donde Ramírez se hizo la radiografía, demostró mucha ética y moralidad y salió al paso, al afirmar que se había falsificado el resultado. Ramírez había presentado ante la Comisión Arbitral un documento sin sello del profesional que le hizo la prueba. Eso se llama falsedad material y la legislación salvadoreña lo castiga con prisión de tres a seis años. Lo curioso es que la referida Comisión sacó un comunicado avalando la actuación del árbitro y justificando que cualquier atleta está expuesto a una lesión, pero lo hizo sobre la base de un documento que era falso al carecer de sellos. Eso, lógicamente, genera otra duda. Es que acaso la Comisión fue cómplice o sus miembros no son los idóneos y son fáciles de timar.

Ramírez, contra la espada y la pared, no tuvo más que aceptar que en efecto había alterado los resultados, lo cual arrinconó a la Comisión que en conferencia de prensa señaló que mientras se investiga el árbitro Ramírez permanecerá suspendido. En otras latitudes, probablemente ya hubieran renunciado todos los de la Comisión, por haber nombrado a un árbitro incapaz, por haber avalado un documento ilegal, y porque realmente el arbitraje salvadoreño ha ido de mal en peor en los últimos años, siendo un mal protagonista. El mal arbitraje salvadoreño da para muchas interpretaciones maliciosas.

No basta con una disculpa pública o con un remedo de “honestidad” al aceptar todas las consecuencias legales y deportivas. La noticia incrimines es del conocimiento público. La Fiscalía debe abrir un proceso contra Ramírez, en un principio por falsedad material, pero también por la posibilidad de que este sujeto haya caído en el delito de fraude deportivo (amaño), el cual está sancionado en el Artículo 218-A del Código Penal el cual contempla prisión que oscila entre los dos y cuatro años de cárcel y la inhabilitación del cargo por igual tiempo. Es decir, que Ramírez, de ser encontrado culpable penalmente podría ser condenado entre los cinco y diez años de cárcel por los dos delitos mencionados. Por ahora y hasta ser vencido en un eventual juicio, el hombre es inocente.

Incluso, si hay amaño o fraude procesal, seguramente hay agrupaciones ilícitas, pues se requiere de dos o más personas que se reúnen para planificar y cometer un delito. La Fiscalía no debe descartar la comisión de cualquier ilícito penal en un hecho burdo que nos avergüenza e indigna a todos. Un hecho que fue cometido por un árbitro, que como todos, al final de un partido entrega un “informe arbitral” el cual se convierte en “santo grial” y sirve para decidir castigos sobre otros. A Ramírez, al igual que a los “futbolistas amañadores” que fueron suspendidos definitivamente en 2013, debe aplicarse la misma sanción. Los demás árbitros deben poner su barba en remojo. Se pueden equivocar y es normal, pero no actuar con dolo o motivados por intereses extra deportivos.