La crisis de Soyapango es apenas la punta de un iceberg de incalculables proporciones por presuntos hechos de malversación de fondos públicos, apropiación indebida de cuotas laborales, incumplimiento de deberes en perjuicio de la administración pública, en la que insisto, no actuó sola, sino bajo los votos de otros concejales y de la gestión de funcionarios municipales.
Estos señalamientos, que también abarcan al menos a una docena de prominentes municipalidades administradas por Nuevas Ideas tuvieron por cierre el Tweet de Bukele: “Hay que arrancar lo malo, para que pueda crecer lo bueno”. Entonces, ¿cuándo rodarán las cabezas enjuiciando a ministros y funcionarios gubernamentales acusados de sendos casos de corrupción, entre los que está la docena de expedientes de la CICIES? En un intento por desviar la atención de los temas sustantivos entre los que están la incapacidad de gestión y corrupción en Soyapango y otras alcaldías, y sobre las causas de fondo que desataron la crisis que atraviesan los gobiernos municipales del país, llevando a muchos a la inanición y la quiebra, Bukele corre a tender una nueva cortina de humo populista al expresar: “El Salvador debería estar dividido en 50 municipios, máximo”. Esta medida solo tiene por deleznable propósito de evadir su responsabilidad por la reducción (y casi eliminación) del FODES del 10% a solo el 1.5%, que ha llevado al profundo debilitamiento del andamiaje municipalista y cerrando caminos democráticos de participación ciudadana para el desarrollo local.
Sin embargo, esa insinuante cortina para reducir a solo 50 municipios esconde, además de la incapacidad de gestión y proliferación de corrupción en su administración, perversos propósitos como el de reducir el aparato del Estado a su mínima expresión debido a la grave crisis que padecen las finanzas públicas, el excesivo despilfarro y endeudamiento de su gobierno. Ya fueron despedidos más de 15 mil trabajadores Estado, y el jefe de bancada oficialista sentenció públicamente la intención en 2023 de retirar otros cien mil trabajadores. La amenaza de cerrar municipalidades fue precedida por el ahogamiento del Fondo para el Desarrollo Local, el cierre del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM) y del Fondo de Inversión para el Desarrollo Local (FISDL) así como la creación de un fallido ministerio para el desarrollo local. La falta de presupuesto y de instituciones debilitó a las municipalidades.
El municipalismo, la participación ciudadana y el desarrollo local florecieron tras la firma de Los Acuerdos de Paz y contribuyeron a consolidar el cese del enfrentamiento armado, la distensión y la cultura de paz; apoyaron el retorno y repoblación de los desplazados y refugiados, los procesos de reunificación familiar, además de la reconstrucción de la infraestructura municipal y comunitaria. Aquella titánica tarea fue liderada por decenas de organizaciones populares representativas de las comunidades organizadas, el compromiso de toda una batería de asociaciones comunitarias y ONG especializadas en el desarrollo comunitario, más el generoso acompañamiento de la cooperación internacional que se solidarizó con el sufrimiento del pueblo.
Debilitar y destruir las municipalidades, base local de la administración del Estado, sin asumir el fortalecimiento de las microrregiones y asociaciones intermunicipales, o la devolución de un ISDEM y del FODES, así como de otros mecanismos de financiamiento como el Impuesto Predial, conduce a cerrar los canales de participación democrática de la sociedad para incidir como interlocutores en la toma de decisiones de las autoridades en función del desarrollo comunitario y, por ende, va en la dirección de la máxima centralización autoritaria que inexorablemente conduce a una dictadura. Las comunidades tienen la palabra.