El reciente debate mediático en redes sociales entre el presidente de Colombia Gustavo Petro y Bukele sobre la eficacia y sostenibilidad de los métodos gubernamentales para erradicar la violencia criminal, como fenómeno que asola a muchos países de nuestra América, confronta el manodurismo bukelista de ojo por ojo y diente por diente con la integridad de estrategias que involucren a toda la sociedad, en un marco interinstitucional de diálogo y cooperación que reprima las expresiones de violencia pero que también atienda las causas económicas y sociales que disparan la exclusión y pobreza. Por lo tanto, la iniciativa del presidente Petro de desafiar a Bukele para realizar un foro internacional de comparación de experiencias luce muy atinado.
El largo fenómeno de guerra, criminalidad y violencia que ha caracterizado a Colombia durante los últimos setenta años ha sido complejo y de gran magnitud considerando los cincuenta y dos millones de habitantes, un vasto territorio de un millón ciento treinta y nueve mil km cuadrados (más del doble de Centroamérica) y un país que ha transitado por un conflicto interno con las guerrillas más antiguas y vigentes del continente, organizaciones paramilitares, cruentos carteles de narcotráfico, uno de los ejércitos considerados más represivos y, además, grupos de pandillas. Es inolvidable aquel slogan publicitando el turismo colombiano en periodos conflictivos: “El único riesgo es que te quieras quedar...”. Por lo tanto Petro, su gobierno y la sociedad colombiana tienen experiencia y mucho que aportar en un foro internacional sobre seguridad ciudadana.
El debate sobre las polémicas estrategias de seguridad pública de Bukele surge en el contexto del prolongado régimen de excepción extendido por un año y del exultante lanzamiento de la cárcel más grande en el país más pequeño del continente. Mientras la nación padece el deterioro de la infraestructura y educación pública, también hay una irrefrenable alza del costo de la vida, mayor desempleo, informalidad y marginación que profundizan la pobreza y empujan a una mayor migración, hechos que cuestionan la sostenibilidad de las estrategias de contención de la criminalidad solo a partir de la medida unilateral del encarcelamiento indiscriminado, sin atender las causas estructurales que dan origen a la pobreza y violencia.
Ante la prolongación injustificada del Régimen de Excepción, distintas organizaciones nacionales, agencias internacionales y Naciones Unidas han constatado un intolerable deterioro por graves violaciones de Derechos Humanos cometidos durante ese periodo que van desde detenciones arbitrarias, abusos de autoridad, violaciones masivas al debido proceso, hacinamiento penitenciario extremo, torturas, desapariciones forzadas, cementerios clandestinos sin investigar, muertes inexplicadas bajo custodia del Estado y todo bajo una espesa opacidad para ocultar de información y estadísticas.
Las dantescas imágenes de la apertura de la cárcel más grande en el país más pequeño del continente, calificadas como producto publicitario con fines político electorales, es una acción modelada que intenta opacar el impacto mediático de la acusación formal que el Departamento de Justicia de EEUU presentó ante la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, contra trece ranfleros de la MS. En el documento se afirma que dos funcionarios de Bukele, el viceministro de seguridad y director de Centros Penales y el director de Tejido Social, negociaron en secreto con las pandillas para cometer fraude electoral, a partir de influir en sus zonas de control tanto para impedir el ingreso de otros partidos como para favorecer al partido Nuevas Ideas y garantizar el triunfo de Bukele en la elección de 2021. Estos hechos parecen haber ocurrido bajo la directriz superior de un tal “Batman”, sería la única explicación posible para que no se active un “batituit” que dé la orden mágica: “enciérrenlos”.