Es muy probable que en El Salvador se produzca un periodo de crecimiento explosivo de los casos diarios de COVID-19 en los próximos días. Y que la fase de crecimiento intenso sea relativamente corta. Según los reportes del Ministerio de salud, que ya todos sabemos adolece de un importante subregistro de casos y fallecimientos, del 5 al 12 de enero, el país ha experimentado un crecimiento de casi 500 % en la detección de casos nuevos, acompañado de un importante aumento de la tasa de positividad de las pruebas PCR. Este fenómeno se acompaña de una pasmosa parálisis de los líderes sanitarios, que al momento se limitan a brindar escuetos, politizados e inútiles mensajes a la ciudadanía en general. Es inverosímil, pero dos años después del aparecimiento de la pandemia, nuestro país aún permanece sin una clara estrategia nacional para su contención.

El virus nos está demostrando fuerza e inteligencia. La nueva variante Ómicron es 7 veces más contagiosa que la variante original de Wuhan, y 3 veces más que la variante Delta. Además, también posee mayor capacidad de evadir nuestras defensas, incluyendo las vacunas. La variante Ómicron del SARS-CoV-2 ha llegado para quedarse. Los responsables políticos deben especificar los objetivos y estrategias para la “nueva normalidad” de la vida con COVID-19 y comunicarlos claramente a la ciudadanía. Esta estrategia nacional debe fundamentarse en la evidencia técnica y no en propaganda política. Desconocemos la duración exacta de la inmunidad al SARS-CoV-2 por vacunación o infección previa. También se desconoce si el SARS-CoV-2 se convertirá en una infección estacional; si las terapias antivirales evitarán la COVID prolongada; o si surgirán variantes aún más transmisibles, o virulentas después de Ómicron. Sabemos que el virus, la respuesta del huésped y los datos evolucionarán. Por ello, tenemos que contar con una estrategia nacional dinámica, humilde e incluyente. Una estrategia que permita y promueva la participación ciudadana.

Las herramientas biomédicas y de salud pública se ampliarán, junto con una mejor comprensión de sus limitaciones. La incidencia del SARS-CoV-2, las tasas de vacunación, la capacidad de los hospitales, la tolerancia al riesgo y la voluntad de llevar a cabo diferentes intervenciones variarán geográficamente, y las recomendaciones nacionales tendrán que adaptarse localmente. Por ello, esta estrategia tiene que incluir a líderes municipales y comunitarios. La participación ciudadana también debe ser uno de los pilares para su implementación. Ya basta de las aplicaciones sanitarias verticales a que nos tiene acostumbrado este Gobierno. La retórica tanto del Gobierno central como de la Asamblea Legislativa de que todo lo que hacen es por orden del pueblo, es simplemente una burla más hacia quienes dicen representar.

Además de una estrategia incluyente, esta tiene que fortalecer un sistema de información de tiempo real, una fuerza de trabajo para la implementación de la salud pública, sistemas de salud flexibles, confianza en el Gobierno y en las instituciones de salud pública, y la creencia en el valor de la acción colectiva para el bien público. Esta fuerza de trabajo de implementación debe incluir y fortalecer principalmente a los centros de atención de primer nivel. Es en estos niveles donde la prevención se realiza, y no en los hospitales de segundo y tercer nivel. Siempre he sostenido que la creación de el hospital El Salvador fue una medida acertada de este Gobierno, para asegurar una mayor capacidad de absorción de pacientes con enfermedad grave. Pero el abandono de los centros de primer nivel es obvio, y la prolongación de este abandono es un pecado mortal de salud pública, que, de continuarse, se pagará con creces. El Gobierno actual está creando un ministerio de la enfermedad, donde el enfoque no está en la salud sino en la enfermedad. El Ministerio de salud tiene que reorientarse lo antes posible, antes de que sea demasiado tarde.

Es imperativo para la salud pública, la economía y el funcionamiento social que los liderazgos salvadoreños establezcan y comuniquen objetivos específicos para la gestión del COVID-19, puntos de referencia para la imposición o relajación de las restricciones de salud pública, inversiones y reformas necesarias para prepararse para futuras variantes del SARS-CoV-2 y otros nuevos virus, y estrategias claras para lograr todo esto.