Rodolfo Delgado fue juramentado como fiscal general la noche del 1 de mayo en la primera sesión plenaria de la legislatura 2021-2024.
La Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI), organismo que aglutina a instituciones nacionales que promueven y protegen los derechos humanos, manifestó su preocupación ante la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y el fiscal general de la República por decisión del poder legislativo afín al presidente Nayib Bukele.
Preocupa, especialmente, la estabilidad de la gobernabilidad democrática en El Salvador que, para ser respetada fielmente, debe garantizar la independencia y autonomía de cada función e institución del Estado”. expuso la GANHRI en un pronunciamiento este lunes.
Subrayó además que las destituciones de funcionarios del poder judicial y del ministerio público debieron enmarcarse en el debido proceso e instó al órgano Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa a garantizar a la ciudadanía el Estado de Derecho, procurando por la independencia judicial.
Los magistrados y el fiscal fueron destituidos el sábado 1 de mayo en la primera plenaria de la legislatura 2021-2024 con dispensa de trámite, es decir, la propuesta de su destitución no fue discutida en una comisión sino expuesta y votada directamente en el pleno, siendo aprobada la moción con 64 de 84 votos.
El organismo enfatizó su preocupación ante una posible represalia en contra del funcionamiento de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y su titular.
Apolonio Tobar, procurador de Derechos Humanos, es otro de los funcionarios señalados frecuentemente por el presidente Nayib Bukele de pretender entorpecer sus acciones.
La diputada de Nuevas Ideas, Dania González, adelantó este domingo vía Twitter que Tobar podría ser el próximo en ser destituido por la Asamblea Legislativa afín a Bukele. La parlamentaria borró su publicación.
