Miembros de la Comisión Política de la Asamblea escucharon ayer a cinco sectores. / Wilson Urbina
Los representantes de las víctimas del conflicto armado pidieron ayer a la Comisión Política de la Asamblea Legislativa que no apruebe una nueva Ley de Reconciliación de manera “atropellada” y demandaron prorrogar la discusión.
“Es inaceptable pretender aprobar una ley tan decisiva para el país en un plazo irrazonable y mediante una atropellada consulta”, dijo Benjamín Cuéllar, miembro del Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador (GMIES), quien sostuvo que el proyecto de la subcomisión no corresponde al mandato de la Sala y pidió a los diputados no aprobar una ley sin “una verdadera consulta y un amplio consenso”.
En ese sentido, Cuéllar dijo que solicitará a la Sala una extensión de cinco meses al plazo perentorio establecido en el fallo, el cual establece que la Asamblea debe aprobar una ley de reconciliación antes del 13 de julio del presente año. El
El reconocido defensor de derechos humanos recordó los llamados de sensatez y respeto que han realizado organizaciones para que el Estado cumpla con obligaciones en materia de derechos humanos.
Cuéllar llegó acompañado de Armando Durán, víctima de secuestro por parte de la guerrilla y por el periodista Juan José Dalton, hijo de Roque Dalton y víctima del conflicto. Ambos pidieron a los diputados que no avalen “esta impunidad”.
Militares sí respaldan
En contraste, el representante del Comité de Asociaciones Militares Retirados de El Salvador (CAMIRES), el coronel Luis Guevara, expresó su respaldo al proyecto de ley formado por la subcomisión y pidió que si éste no es aprobado, se genere una ley en la que se investigue a todos los implicados del conflicto armado, para que así todos se encuentren en la misma condición.
En su intervención, Guevara denunció que organizaciones de víctimas utilizan los derechos humanos como un “negocios lucrativo” y en ese sentido pidió que no se usen a las víctimas como “un pretexto económico ni tampoco como medio de propaganda revolucionaria”.
La Comisión Política realizó cinco consultas individuales a iglesias, instituciones académicas, organizaciones de derechos humanos. También se incluyeron grupos que habían sido consultados anteriormente por la comisión adhoc que estudiaba las implicaciones del fallo de la Sala de lo Constitucional, entre ellos exmilitares que participaron en el conflicto armado.
Los dos proyectos en discusión fueron la “Ley Especial de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional”, propuesta por la subcomisión de la Asamblea; y el proyecto presentado por organizaciones de derechos humanos denominada “Ley Especial de Reparación Integral y Acceso a la Justicia de Graves Violaciones de Derechos Humanos en el Contexto del Conflicto Armado”.
Los diputados de la Comisión Política acordaron analizar los planteamientos de los cinco grupos y tener una reunión hoy por la mañana para continuar con el proceso de formación de ley.
