Hasta el l5 de mayo, la organización recibió información de los familiares de al menos 147 personas deportadas desde el pasado 15 de marzo en virtud del acuerdo entre los gobiernos de El Salvador y Estados Unidos para recluir personas consideradas criminales por la administración Trump. Las entrevistas representan el 58 % de las deportaciones, solo uno es salvadoreño.
El 78 % de los deportados dijeron que emigraron a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades económicas y el 35 % señalaron que huían de la violencia social, entre otras razones dadas a raíz de una pregunta que podía tener respuesta múltiple.
Pese a que solo 9 % de los familiares de los venezolanos dijo que estos eran víctimas de persecución política, un 18 % consideró que “estaría el alto riesgo si volviera a Venezuela”.
Estados Unidos ha deportado unos 250 migrantes que han sido recluidos en el Cecot, la megacárcel de máxima seguridad ubicada en el distrito de Tecoluca, municipio de San Vicente Sur, departamento de San Vicente. Esta es una prisión con capacidad de recluir a 40,000 personas según el gobierno y que es utilizada para recluir a miembros de pandillas.
La reclusión de un salvadoreño deportado por error que residía en Maryland, Kilmar Armando Ábrego García, quien emigró a Estados Unidos cuando tenía 16 años y que ahora está recluido en el Cecot, es objeto de una polémica en los Estados Unidos, en donde la administración Trump lo señala de ser miembro de la MS-13 y congresistas demócratas piden su liberación porque no ha tenido un debido proceso.
Según la información recolectada por Cristosal, el 90 % de los deportados a El Salvador y ahora recluidos en el Cecot no tenía antecedentes penales, el 77 % tenía un empleo y el 41 % tenía alguna forma de protección migratoria en los Estados Unidos.
La mayoría de venezolanos, según las entrevistas a sus familiares, habían emigrado por razones económicas. / Cristosal.