La semana anterior nos dejó la lamentable noticia que de manera oficial que el COVIV-19 estaba presente en al menos tres instalaciones donde existen privados de la libertad, los penales de San Vicente, Quezaltepeque, y el pabellón en el hospital psiquiátrico donde existen personas que son inimputables por su condición psiquiátrica pero que tienen que estar bajo resguardo de la administración de Centros Penales; las personas privadas de la libertad tienen meses de estar en los centros penales, el virus llegó a ellos por medio de los empleados administrativos o de servicios que dependen de la administración, no son los internos los culpables o responsables, en esta oportunidad los infectados son víctimas de una falla en los protocolos por el personal con conocimiento, con supervisión, con capacitación, con órdenes precisas y que se espera un grado de conciencia superior como servidores de las implicaciones de no tener un máximo cuidado con personas que ya pagan sus condenas en un 76% del total y 24% procesados, sin sentencia, que se les debe de presumir inocentes de acuerdo a nuestra Constitución.

La gran deuda de la administración penitencia ha sido no solo no asegurarse de los protocolos internacionales de salud funcionaran, que personal positivo asintomático circulara en los penales sin ser detectados, sino que nos demos cuenta como ciudadanos y las familias de los internos por terceros; que se mantuvo en completo secreto que estaban positivos, como si se tratara de una competencia internacional donde debo ser el último país donde llego el virus a sus penales. Las restricciones iniciaron muchas semanas atrás suspendiendo todas las visitas, presencia de abogados, se suspendió el ingreso de nuevas personas en detención provisional y se supone que se suspendieron los traslados, por lo que el virus llego hasta las celdas y patios por personal administrativo de cualquier nivel sin control, sin supervisión y sin cumplir los protocolos.

Ser un privado de la libertad en El Salvador no es nada fácil, ya estar en un centro penal es un verdadero calvario, lleno de muchas limitaciones, y maltratos; ya el encierro es parte de la pena, pero además hay hacinamiento y una comida que no cumple requerimientos mínimos para ser considerado alimento por lo que su condición física presenta vulnerabilidades; además se tiene pacientes con enfermedades crónicas degenerativas y terminales.

Los familiares exigen, solicitan, imploran información, ya que cada dia están surgiendo más privados de la libertad infectados, cuando se informó en conferencia de prensa que se tenía “bajo control” y que todos los protocolos estaban activados. No se puede avalar estas acciones justificando que se han implementado cambios y mejoras en la supervisión y control de los penales que no tengo duda que así es, pero no se han atendido recomendaciones y propuestas para bajar el hacinamiento y proteger a los internos, y mantener informadas a sus familias. Me inquieta saber que no dan información que está un interno positivo que pasará si muere, le van a informar a la familia que lo enterraron hace días.

Le he requerido información al jefe de comunicaciones y no la proporciona, no para mí, sino para ayudar a informar a los familiares que viven un verdadero calvario. Es necesario que se trate con dignidad y humanidad a los y las privadas de la libertad y sus familias. Ya fallaron por no atender recomendaciones y tratar que los custodios hagan papel sanitario, cuando son vigilancia y seguridad.

Quiero reconocer el trabajo del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de San Vicente que ha desarrollado una extraordinaria labor informando a los familiares dentro y fuera de sus horas laborales por un deseo genuino de servir y ser empáticos.