La mayor parte de las actividades económicas han vuelto a reabrir, no fruto de la planificación sino de la inoperancia de los tomadores de decisión. La crisis política se encuentra en estos momentos en una fase muy peligrosa: la parálisis. La incapacidad de los Órganos del Estado de acordar una normativa que permitiera la gradualidad en la vuelta a las actividades económicas es solo un síntoma de una enfermedad mucho más grave. Nadie le apuesta al diálogo democrático ni a la negociación para resolver los problemas del país.

Seguramente muchas empresas (desde las más pequeñas hasta las más grandes) estaban muy ilusionadas en poder reabrir. Algunas no lo han podido hacer porque técnicamente están quebradas, las cuentas pendientes, especialmente los préstamos por pagar, les han asfixiado. Y quienes sí reabrieron se han encontrado con la losa de la realidad: no hay suficientes personas comprando sus productos. Porque esta es crisis es de oferta (empresas), pero también de demanda (personas consumidoras).

Pero esto es algo que se había alertado desde hace muchos meses atrás. Porque si de algo sirven las proyecciones, más allá de preocuparse, es para prepararse y tomar las decisiones correctas. Porque incluso los escenarios más catastróficos podían minimizarse si se implementaban las políticas públicas de manera oportuna y efectiva; pero también tomar las decisiones erróneas provocarían que salir de la crisis tomara muchísimo más tiempo. Lastimosamente el país se metió en un debate estéril sobre si se debía decidir sobre la salud o la economía, como si la vida misma no fuera integral. Y en realidad este falso dilema sirvió como cortina de humo para intentar ocultar la falta de capacidad de cómo enfrentar esta situación.

Puede resultar inaudito que a estas alturas no se cuente con un plan de gobierno y ni siquiera con un plan anticrisis, pero lo cierto es que, en el país, el mantra de que el Estado no debe planificar –como si existiera una empresa privada exitosa que no lo haga – ha venido siendo uno de los lastres más grandes desde hace más de tres décadas. Y este gobierno dejó muy claro que tampoco le interesaba la planificación, al menos una planificación para el desarrollo, al tomar como una de sus primeras decisiones la eliminación de la Secretaria Técnica y de Planificación de la Presidencia.

El problema es que reabrir la economía no es lo mismo que reactivarla. Por más que alguno siga con el dogma que no se debe hacer nada, la parálisis de la política económica no debe permitirse, menos en época de crisis. Llegado este punto, ¿qué toca hacer? Primero, corregir y tener un plan bien elaborado con medidas de corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, los más de USD600 millones aprobados para los prestamos dirigidos hacia las empresas y el sector informal, así como los subsidios a las planillas deben empezar a ejecutarse cuanto antes, con estrictas medidas de transparencia y rendición de cuentas, esto serviría para darle un buen impulso a la economía por el lado de la oferta. Pero, además, una parte de los fondos aprobados para el Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica, deben servir para garantizarle un ingreso a las personas más vulnerables (niñez, tercera edad, quienes se encuentran en pobreza, por ejemplo), porque esto no solo permitirá que no vivan en pobreza y padezcan hambre en estos momentos, sino que puedan volver a consumir, con lo que la demanda agregada crecerá.

La máxima debe ser reactivar la economía protegiendo a las personas.

Y para ello, más allá de estas medidas, es indispensable cambiar un modelo económico que ha quedado retratado como exhausto y fracasado. Por lo tanto, debe transitarse de un modelo que acumulaba capital en pocas manos a uno que acumula conocimiento en muchas manos. Esto significa priorizar inversiones públicas en educación, salud, nutrición y protección social. Pero, además, es necesario eliminar la dicotomía del Estado neoliberal: fuerte para proteger los privilegios de pocos, débil para proteger los derechos de la mayoría. Por supuesto, esto solo será posible si se cambia la actual política fiscal diseñada para la sobrevivencia, pero no para la democracia y el desarrollo. Y finalmente, es indispensable reactivar la política, la útil, la que promueve acuerdos para resolver los problemas de las personas, esa que va muchísimo más allá del postureo y la propaganda. Esa que requiere madurez y sensatez, que sobrepone el bienestar de la población. Esa que va mucho más allá de ganar o perder votos.