Editorial & Opinion

Recortes pro corrupción

Lourdes Molina Escalante / Economista sénior Icefi @lb_esc

jueves 5, noviembre 2020 - 12:00 am

En la historia reciente de nuestro país, varios de los actos de corrupción más simbólicos han ocurrido en contexto de emergencia nacional. En momentos en que tormentas, terremotos u otro tipo de desastres han afectado a nuestro país, personas sin escrúpulos han aprovechado para enriquecerse con dinero público, con dinero destinado a asistir a las víctimas y personas afectadas por la emergencia. Lo peor de la corrupción no es el dinero robado en sí mismo, sino todos los derechos que dejaron de cumplirse. Por si fuera poco, la corrupción se ha acompañado de impunidad, quienes se aprovecharon de la tragedia para su propio beneficio, en muchos casos, no han recibido castigo.

Uno de los factores estructurales que ha facilitado la corrupción y la impunidad ha sido la debilidad de la institución pública encargada de fiscalizar la hacienda pública y la ejecución del presupuesto en todas las entidades y organismos del sector público sin excepción alguna: la Corte de Cuentas de la República (CCR). Por ejemplo, en una auditoría interna, realizada en 2013, para el período 1999-2003, se identificó que 4,289 expedientes con reparos en la utilización de recursos públicos, por un monto de USD120.0 millones, fueron archivados sin justificación, incluyendo algunos que ya contaban con sentencias condenatorias o procesos en fase de apelación. En 2016, el magistrado presidente de dicha entidad fue denunciado y acusado de engavetar 1,249 expedientes por un monto de USD38.6 millones, y ese mismo año la Unidad Penal de Intereses del Estado de la Fiscalía General de la República incautó aproximadamente 48 expedientes que de manera irregular se dejaron prescribir.

Ante esto, una estrategia de lucha contra la corrupción y la impunidad debiera tener como una de sus acciones prioritarias el fortalecimiento de la institución contralora. Lamentablemente, en el marco del proyecto del presupuesto para 2021 se propone un recorte en la asignación de recursos para dicha institución, pasando de USD44.3 millones a USD 43.7 millones. Además, la semana pasada, las instalaciones de dos direcciones de la CCR fueron clausuradas por el Ministerio de Trabajo. Ojalá que ese cierre obedezca verdaderamente al incumplimiento de medidas de bioseguridad por parte de la CCR, y no sea una acción para entorpecer el trabajo de esas dos direcciones que actualmente se encuentran auditando las donaciones, nacionales e internacionales, recibidas por el Ejecutivo durante la emergencia del Covid-19, así como los USD450.0 millones utilizados para entregar el bono de USD300.0 a inicios de la pandemia. Ese sería un mensaje claro en favor de la corrupción y la impunidad.

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Otro de los factores que ha facilitado la corrupción, en especial en tiempos de emergencia, es la falta de rendición de cuentas y transparencia en las instituciones públicas. Por ello resulta clave fortalecer instituciones como el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), cuyo objetivo es garantizar el derecho de acceso a la información pública de toda la ciudadanía. Pero al igual que en el caso de la CCR, el proyecto de presupuesto para el próximo año propone una reducción de 3.3% en el presupuesto del IAIP. A ello se suman modificaciones normativas, impulsadas por comisionados recién nombrados por el Ejecutivo, que en lugar de promover la transparencia y máxima publicidad, restringen el acceso público a expedientes de investigaciones de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, incluyendo una investigación que involucra al presidente Bukele. En un país como el nuestro con un largo listado de funcionarios enriquecidos ilícitamente, las acciones deberían ir en sentido contrario.

Confiar ciegamente en la probidad de los funcionarios públicos no nos ha funcionado en el pasado, ni lo hará en el presente. La experiencia nos demuestra que, creer que una persona con riqueza será buen funcionario porque no necesitará robar, es un error.


En un contexto con una pandemia, un invierno que sigue causando estragos, y la amenaza de un huracán de alta intensidad, no podemos seguir destruyendo las herramientas que nos ayudarán a garantizar que los pocos recursos públicos que tenemos verdaderamente sean utilizados a atender la emergencia. Como ciudadanía debemos exigir más transparencia, más rendición de cuentas y acciones concretas para luchar contra la corrupción y la impunidad.





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