La PDDH reveló que de enero a agosto 43 familias denunciaron que tuvieron que dejar su casa, de la noche a la mañana, por el tema de la violencia. El promedio de las familias afectadas son de cuatro o cinco personas: madre, padre e hijos y abuelos.
A pesar de que los datos son parejos, son más las víctimas mujeres que hombres, dice la PDDH.
“Independientemente de la pandemia, el desplazamiento forzado ha seguido ocurriendo en en diversas zonas del país no solo en San Salvador sino también al interior del país, debido a las amenazas de las pandillas”, afirmó la procuradora adjunta de Seguridad de la PDDH, Beatriz Campos.
Para Tutela Legal “María Julia Hernández”, las pandillas también tienen su plan territorial (al igual que el gobierno) con el que provocan los desplazamientos forzados, exigen la renta o extorsión y el gobierno ha sido incapaz de frenarlos.
En esa misma dirección se expresó Manuel Escalante, subdirector del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana, José Simeón Cañas, (Idhuca) quien señaló que los casos de desplazamiento de personas en tiempo de pandemia han continuado aunque no en cifras elevadas. Afirmó que solo el Idhuca tuvo conocimiento de unos 25 casos.
“Pero a pesar de la cuarentena domiciliar obligagoria dictada por el gobierno, el fenómeno continuó”, reiteró Escalante.
Rina Montti, directora del Sistema Regional de Monitoreo de derechos humanos de Cristosal,informó que en lo que va del año, han registrado entre 45 y 50 casos de familias afectadas por las migraciones forzosas.
“De acuerdo con los registros, la tendencia al menos estadísticamente ha disminuido, pero no podríamos decir que se deba a que hubo menos desplazamiento”, afirmó Montti.
“Las autoridades no han entendido estos casos pese a ser comisionados a aplicar la ley que rige la asistencia de los desplazados” Rina Montti, Cristosal
La causa.
Tanto a juicio Escalante y Campos, así como Montti, coincidieron en señalar que esta reducción de denuncias por desplazamiento sea porque han ocurrido menos casos, sino a que debido a las prohibiciones de movilización que impuso el Gobierno y que varias instituciones encargadas de atender a este tipo de víctimas permanecieron cerradas, por lo que los afectados no acudieron a denunciar. “Probablemente aún con la cuarentena estricta las víctimas salieron de sus hogares (huyendo)por sus propios medios “, afirmó Montti.
Uno de los casos ocurrió el 6 de septiembre, en San Julián, Sonsonate donde varias familias fueron obligadas por las pandillas a dejar sus casas.
El movimiento de personas causó gran procupación en las autoridades locales que hasta el alcalde de San Julián se movilizó a Peñas Blancas, una de las zonas asediadas por la MS a verificar la situación y prometió brindar seguridad a las familias, se instalaron dos bases policiales.
Montti afirmó que los hechos que provocaron los éxodos de familias siguen siendo los mismos de años anteriores. “La fuerte presencia de pandillas ha sido el detonante de los desplazamientos, además por amenaza de homicidios, homicidios en familiares y por extorsiones”.
“A pesar de la cuarentena domiciliar obligatoria dictada por el gobierno, el fenómeno cintinuó”. Manuel Escalante, Idhuca
Lugares
Cristosal dice que estos casos no solo han sido en Sonsonate, también se han reportado en la zona Paracentral del país entre ellos La Libertad, La Paz y San Salvador.
La ley de atención y protección a las víctimas de desplazamiento forzado entró en vigencia en febrero pasado. Hasta el momento se desconoce su aplicación.
- 1 año
Tardó la discusión de la ley en la Asamblea Legislativa para atender desplazados.
- 72 horas
Después del éxodo la víctima debe ser trasladada a albergue, según ley.