Este año, la pandemia puso en evidencia los grandes desafíos de desarrollo que aún están pendientes de atender. Desafíos, en muchos casos, provocados por las propias decisiones humanas, que incluso previo a la pandemia ya eran causa de crisis mundiales, superpuestas entre sí, y a pesar de ello ignoradas desde la política pública.

Una de esas crisis es la ambiental, caracterizada por altos niveles de degradación ambiental, sobreexplotación de recursos naturales, pérdida de biodiversidad, especies en peligro de extinción y eventos climáticos extremos. La pandemia misma es una consecuencia directa de la intervención humana en los ecosistemas y áreas naturales, al tener un mayor contacto con los animales, se facilita el contagio y la propagación de enfermedades transmitidas de animales a humanos, como la enfermedad por coronavirus.

La semana pasada el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicó el Informe sobre Desarrollo Humano 2020. En dicho informe se realiza un ejercicio de ajuste del tradicional Índice de Desarrollo Humano (IDH) por presiones ambientales, según el nivel de emisiones de dióxido de carbono y el consumo de materiales de un país (per cápita en ambos casos). Con ese ajuste, son los países con desarrollo humano alto y muy alto quienes experimentan mayor pérdida de desarrollo, esto a causa de los impactos de sus sendas de progreso tienen sobre el planeta. Sin embargo, países con menor nivel de desarrollo humano, también presentan pérdidas de desarrollo por presiones ambientales. Para el caso de El Salvador, el IDH retrocede de 0.673 a una puntuación de 0.654, evidenciando que, incluso, un país pequeño como el nuestro no puede ignorar la necesidad de adoptar medidas de política pública que garanticen la sostenibilidad ambiental del desarrollo.

El informe reflexiona sobre la necesidad de repensar el desarrollo, en especial en un momento en el que las decisiones y acciones humanas determinarán no solo el futuro del planeta, sino también las propias posibilidades de generar mayor bienestar y mayor crecimiento. Sin embargo, redefinir nuestro desarrollo requerirá de un liderazgo gubernamental. Los Gobiernos poseen la autoridad formal, el poder en la toma de decisiones y las herramientas de la política pública para poder modificar o incentivar cambios en los patrones, de producción y consumo, y avanzar hacia un desarrollo más sostenible y sustentable. Específicamente en El Salvador, será necesario que el Gobierno abandone la visión limitada del desarrollo que hasta la fecha le ha caracterizado. Una visión centrada en la búsqueda de crecimiento económico y con un menosprecio por los compromisos y obligaciones ambientales del Estado salvadoreño.

Una oportunidad clave para empezar a repensar nuestro proceso de desarrollo son las políticas de recuperación post pandemia, con las cuales se debería buscar atender los enormes desafíos sociales y económicos del país, pero también los ambientales. Como parte de sus políticas de recuperación el Gobierno debería promover avances en la regulación de los bienes y servicios ambientales y en el reconocimiento de los derechos humanos ambientales, como el derecho al agua. Además, la recuperación económica no debería ser utilizada como excusa para estimular actividades con altos impactos ambientales, por el contrario es el momento de apoyar sectores estratégicos con sendas de crecimiento bajas en carbono, que generen empleos y que promuevan la innovación tecnológica. Por supuesto, esto requerirá un fortalecimiento de la institucionalidad ambiental, para que entidades como el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales dejen de ser instrumentalizadas como oficinas de aprobación exprés de permisos ambientales. Como parte de la recuperación se deberían destinar recursos para la creación de fondos de innovación para una transformación industrial verde; la financiación de proyectos para la gestión de riesgos ambientales y prácticas de producción sostenibles; la adopción de criterios de sostenibilidad en las compras y contrataciones públicas; y la implementación de reformas fiscales ambientales.

Repensar nuestro desarrollo nos forzará a redefinir nuestra normalidad hacia una en la que el medio ambiente y los recursos naturales no sean la moneda de cambio para obtener crecimiento económico y algún nivel de bienestar social, sino una que aborde los desafíos del desarrollo desde una perspectiva integral, multidimensional y sistémica, y que al mismo tiempo genere desarrollo económico, justicia social y sostenibilidad ambiental.