Piden al Gobierno no vulnerar los derechos de la población en la emergencia por la pandemia del COVID-19. / DEM
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) documentó 928 violaciones a derechos de la población, en el contexto de la emergencia por el COVID-19 en El Salvador, revela el segundo informe entregado ayer a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
De las 928 denuncias el 66 % fueron vulneraciones a los derechos a la salud, al acceso a la información y la libertad personal, incluyendo 192 detenciones ilegales por supuestamente violar la cuarentena domiciliar.
El documento es el segundo informe de seguimiento al hábeas corpus 148-2020 emitido por la Sala de lo Constitucional de la CSJ, en el cual se prohíbe la privación de libertad por la cuarentena.
“Las detenciones policiales han continuado. Ni antes ni ahora tenía la Fuerza Armada ni la Policía la facultad constitucional de detener a alguien por el simple hecho de supuestamente infringir la cuarentena domiciliar”, aseguró el procurador José Apolonio Tobar en conferencia de prensa, ayer.
Solo entre el 23 y el 30 de abril, la Procuraduría registró 46 detenciones arbitrarias por incumplir la cuarentena domiciliar. En estos casos, 20 personas fueron detenidas por agentes de la PNC; 12 por el Ministerio de Salud, dos por miembros de la Fuerza Armada y un caso por la Dirección General de Migración y Extranjería.
Además, según documentó la Procuraduría, solo un 83 % están en los centros de contención, mientras un 2 % en bartolinas de la Policía, y un 15 % no tiene registro de su ubicación.
“Le requiero presidente de la República que no empodere a los miembros de la seguridad pública y elementos de la Fuerza Armada a no realizar acciones al margen del mandato legal al margen de lo establecido por la Sala de lo Constitucional, que sus medidas estén enmarcadas en respeto a la constitución de la República”, aseveró el ombudsman salvadoreño.
El titular de la PDDH explicó que recibieron un informe con 72 oficios de la PNC por detenciones de incumplimiento de cuarentena, entre el 20 y 28 de abril. Según la información remitida por la corporación policial, solo un 52 % pasó por un chequeo médico, sin especificar de qué tipo o si se les hizo prueba de COVID-19.
Un 40 % de los casos, más de 25 personas, no cuentan con información alguna de su diagnóstico y un 8 % sigue sin realizarse un estudio médico. En los oficios de detención, según la PDDH,la Policía incumple su Protocolo de Actuación al omitir información como horas de detención, edad, términos utilizados por la detención y exámenes médicos, incluyendo los test PCR.
El titular de la PDDH había señalado que cada viernes presentaría un informe a la Sala de lo Constitucional.