El fiscal general Rodolfo Delgado en la presentación de la demanda el pasado 16 de noviembre. Cortesía
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitió este miércoles la demanda de inconstitucionalidad en contra de la resolución de la Sala de lo Penal que declaró nulo el proceso penal por la masacre de seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras, ocurrido en noviembre de 1989, informó el presidente de la instancia, Óscar López Jerez en un comunicado.
La actuación impugnada disponía dejar “… incólume los sobreseimientos definitivos y los efectos jurídicos que fueron dictados originalmente a favor de los imputados…” por el caso denominado “Masacre de los Jesuitas” ocurrido el 16 de noviembre de 1989”. dice parte del comunicado.
La Sala admitió el recurso una semana después de que el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, pidiera anular el proceso que terminó con el sobreseimiento a favor de altos mandos militares de la época, incluido el entonces presidente Félix Alfredo Cristiani.
El tribunal constitucional admitió la demanda por considerar que la resolución dictada en noviembre de 2020 “lesionó los derechos a la seguridad jurídica, a conocer la verdad y a la protección jurisdiccional” y que por tratarse de un crimen de lesa humanidad no puede aducirse la prescripción del delito para declarar nulo el proceso.
La instancia agregó que “se habría obstaculizado el acceso a la justicia de las víctimas y el derecho a conocer la verdad”.
La nulidad del proceso, liberó de cargos al expresidente Félix Cristiani y a los militares que conformaban el Estado Mayor de la Fuerza Armada René Emilio Ponce, Juan Orlando Zepeda Herrera, Francisco Elena Fuentes, Rafael Humberto Larios López, Juan Rafael Bustillo y a Inocente Orlando Montano, este último purga una pena de 133 años de cárcel en España por este caso.
Los sacerdotes jesuitas Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, Juan Ramón Moreno, Amando López y Joaquín López, junto con Elba Ramos y su hija Celina, amabas colaboradoras, fueron ejecutados al interior del campus de la UCA el 16 de noviembre de 1989 por un pelotón del ejército salvadoreño en el marco de la ofensiva guerrillera “Hasta el Tope”.