No es un secreto que los países del Norte de Centroamérica: Guatemala, Honduras y El Salvador están muy cerca, si es que aún no lo son, de ser Estados fallidos. Si bien hay muchas formas en lo que esto se evidencia, hay una que con el pasar del tiempo crece en magnitud, sin que se haga algo por resolverla: la migración. En 2014, vivimos la crisis de la niñez migrante no acompañada, una crisis humanitaria ensañada con los más vulnerables. En 2018, las caravanas de migrantes visibilizaron, aún más, la magnitud de la crisis. En 2019, la crisis adoptó una faceta aún más cruel: niños y niñas detenidas, enjauladas y separadas de sus familias por intentar migrar hacia Estados Unidos. En los pocos días de 2021, hemos confirmado que, para muchas personas, la esperanza de una vida mejor está fuera de nuestras fronteras, y que la búsqueda de esa esperanza no podrá ser detenida ni por una pandemia, ni por un ejército.

La migración se ha convertido desde hace varias décadas en la válvula de escape de nuestros Estados fallidos. Estados tan débiles que en muchas ocasiones ni siquiera han intentado crear las condiciones mínimas para que su población tenga la posibilidad de gozar sus derechos y realizar su vida plenamente en el país que les vio nacer, una obligación consagrada incluso en las Constituciones.

Por si fuera poco, además de expulsar a su población, los Estados han tolerado y acompañado, con silencio cómplice, políticas migratorias de los gobiernos “amigos”, políticas que violan de manera sistemática los derechos y la dignidad de las personas migrantes, políticas que encierran en jaulas a nuestras niñas y niños. Y, cómo si no se pudiera caer más bajo, ahora resulta que nuestros Estados también impiden el derecho de las personas a migrar y buscar un futuro mejor, apostando por la criminalización de las personas migrantes y reprimiéndolas con toda la fuerza del aparato estatal, tal y como ocurrió esta semana en Guatemala, en la una caravana de migrantes hondureños que fue recibida violentamente por el ejército y la policía de ese país.

Los Estados del Norte de Centroamérica siguen, erróneamente, apostando por políticas que, por las buenas o las malas, buscan contener y disuadir a las personas a migrar, pero continúan sin atajar las causas estructurales de este fenómeno.

Nuestros Estados deberían apostar por construir oportunidades y garantizar derechos dentro de sus fronteras, hacer lo que deben para que la única esperanza de las personas no sea el sueño americano. ¿Y si apostamos por construir el sueño centroamericano? O mejor aún, empezamos a construir una realidad centroamericana que ofrezca la oportunidad de tener una vida plena; con Estados garantes de derechos como educación, salud, protección social, seguridad y trabajo digno.

Pero construir países que no expulsen a su ciudadanía no es tarea fácil, ni rápida. Transformar la realidad requiere del compromiso de actores sociales, económicos y políticos para alcanzar acuerdos de nación, que permitan concretar un mínimo de garantías y bienestar para las personas. Transformar la región de manera justa y equitativa requiere de Estados fuertes, capaces de implementar políticas públicas integrales que resuelvan los problemas estructurales que provocan la migración: pobreza, desigualdad, inseguridad, desempleo, entre otros.

En esa transformación la política fiscal deberá tener un rol central. Lo fiscal es una herramienta que los Estados del Norte de Centroamérica han desaprovechado al utilizarla, en el mejor de los casos, como instrumento para la estabilidad macroeconómica, pero olvidando que su objetivo principal es justamente la garantía de los derechos de todas y todos. Nuestros Estados no pueden seguir postergando la necesidad de blindar el gasto público en áreas clave como salud y educación, de implementar reformas tributarias progresivas, de utilizar la deuda pública como instrumento para financiar el desarrollo, y, no menos importante, garantizar transparencia y rendición de cuentas en la utilización de los recursos públicos. Cada día que se postergan estos cambios estructurales, implica miles de personas a quienes les seguimos fallando y no les dejamos más alternativa que buscar realizar el sueño de una vida mejor fuera de nuestra región.