La empresa privada se pronunció en contra de que se utilice al Ministerio de Hacienda como una herramienta de acoso y persecusión a la oposición del Gobierno.


Javier Simán, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), aseguró en Diálogo, de Canal 21, que si el objetivo del Ministerio de Hacienda es recaudar impuestos "lo apoyamos, lo acompañamos y lo ayudamos", sin embargo, afirmó que hay un acoso fiscal y un intención de desprestigiar a los empresarios.
Lo que hemos visto es un acoso fiscal, hemos visto una intención de desprestigiar a los empresarios desde el Ministerio de Hacienda y pareciera que los casos no tienen fundamentos, pareciera que la intención es desprestigiar y aunque después los casos se caigan judicialmente". Javier Simán, presidente de ANEP.

Simán afirmó que, a quién más afecta la evasión fiscal es a los empresarios, por lo que apoyan las medidas que busquen recaudar impuestos.
La evasión, el contrabando, a quien mas afecta nos es al Gobierno, nos afecta a nosotros como empresarios, porque tú estás compitiendo con otra gente que no paga impuestos, claro, nosotros queremos competir en un mismo nivel pagando los impuestos". Javier Simán, presidente de ANEP.

El ministro de Hacienda de El Salvador, Alejandro Zelaya, anunció el pasado 10 de noviembre la creación de la Unidad de Repatriación de Evasión Fiscal (UREF) que, de acuerdo con el funcionario, tiene como finalidad la investigación de casos de evasión de impuestos.

Zelaya explicó a periodistas que el equipo, conformado por 40 auditores, se encargará de "recuperar los impuestos evadidos, bajo operaciones con países catalogados como paraísos fiscales, por medio del uso de convenios internacionales para intercambio de información e inteligencia fiscal".

La administración de Nayib Bukele comenzó, desde el 2019, ha implementar el denominado Plan Antievasión, con el cual han presentado más de 50 avisos contra supuestos evasores ante la Fiscalía. Sin embargo, algunos sectores han señalado irregularidades en este programa, ya que afirman que el Ejecutivo estaría utilizándolo también para perseguir opositores políticos o simples empresas que no son de su simpatía.