La APES registra más agresiones a periodistas este año que en el 2020.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) rechazó la insistencia del gobierno de El Salvador de procesar a los periodistas por reproducir contenidos y criminalizarlos por divulgar información que las autoridades consideran confidencial, según un comunicado divulgado ayer.
La SIP hizo referencia a las declaraciones del asesor jurídico de la Presidencia, Javier Argueta, que recomendó a tres funcionarios del gobierno que demanden por difamación a periodistas de medios locales por daños al honor tras reportar sobre las sanciones que el gobierno estadounidense.
La SIP también expresó su preocupación por la reforma legislativa aprobada la semana pasada sobre la Ley contra Delitos Informáticos y Conexos, cuyo artículo 25 castiga con entre cinco y ocho años de prisión a quien “deliberadamente obtenga o transfiriera mediante el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación, información de carácter confidencial”.
Jorge Canahuati, presidente de la SIP y presidente del Grupo Opsa, de Honduras, dijo que “el hecho de que los periodistas puedan ser demandados por hacer su trabajo y obligados a revelar sus fuentes implica serios atropellos a la libertad de prensa y a la democracia”.
Secreto profesional
Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información y director periodístico de La Voz del Interior, de Argentina, advirtió que “criminalizar a los periodistas violentando el secreto profesional es un arma con la que se quiere inhibir al periodismo y a las fuentes informativas para prevenir que los hechos de corrupción pública salgan a la luz”.
Canahuati y Jornet lamentaron que el gobierno salvadoreño siga imponiendo cortapisas a la libertad de prensa y pidieron mayores garantías de libertad de prensa para fortalecer la democracia como establecen las declaraciones de Chapultepec y Salta.
La Declaración de Chapultepec advierte que “no podrá obligarse a ningún periodista a revelar sus fuentes de información”. La Declaración de Salta alerta que “los gobiernos no deben penalizar la crítica, la información o la protesta en contra de los funcionarios públicos sobre asuntos de interés público o contra personas que voluntariamente se exponen al escrutinio de la sociedad”.
Preocupación local.
Por su parte, en San Salvador, la Mesa de Protección a Periodistas mostró su preocupación por las declaraciones que dio Javier Argueta.
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), la Asociación de Radiodifusión Participativa de El Salvador (ARPAS), y de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), que conforman la mesa, rechazaron las declaraciones de Argueta, las que tildaron como un intento de censura contra periodistas.
César Fagoaga, presidente de la APES, aseguró que las declaraciones del funcionario “son una amenaza real” para el trabajo periodístico, que a su vez está siendo víctima de un “discurso de odio cada vez más frecuente” desde el Gobierno.
El dato
Una de las preocupaciones de la Sociedad Interamericana de Prensa es que se obligue a los periodistas a revelar sus fuentes o secretos profesionales.