La deuda pública es una herramienta fiscal clave a la que todos los gobiernos pueden recurrir cuando los ingresos fiscales obtenidos no son suficientes para cubrir sus gastos, en El Salvador, por ejemplo, históricamente hemos tenido que recurrir a deuda para financiar nuestros presupuestos.

Recurrir a endeudamiento es justificable cuando el valor social que se generará supera la inversión realizada; cuando permite financiar la creación de condiciones e infraestructura para mejorar el bienestar social y la productividad del país; o, cuando hay crisis de gran magnitud que requieren de esos recursos extraordinarios. Es decir, para que el uso de la deuda sea eficiente y efectivo no debe utilizarse solo como una salida de corto plazo para enfrentar la escasez de recursos.

Si bien el uso de la deuda pública puede catalizar procesos que permitan mejorar los niveles de desarrollo de los países, al mismo tiempo, si no se hace un uso adecuado y estratégico de la misma, puede provocar problemas de sostenibilidad e incluso de crisis fiscales que, a su vez, pueden desencadenar crisis económicas y sociales que terminarán perjudicando a la población.

En un país como El Salvador, con bajas tasas de crecimiento económico y alto nivel de endeudamiento (para finales de 2020 representaba 87.9% del PIB), resulta mucho más importante que desde el gobierno se tomen decisiones adecuadas sobre cómo y cuándo endeudarse.

El punto de partida de estas decisiones debería ser cómo los recursos provenientes de nuevos empréstitos se vinculan al plan de desarrollo del país y a los objetivos que este contenga. Solo teniendo claridad de qué es lo que se quiere lograr en el corto, mediano y largo plazo, se podrá monitorear y evaluar si, a lo largo del tiempo, la deuda contribuye a obtener los resultados e impactos esperados. De no existir esta vinculación, únicamente estaríamos endeudando en vano a las futuras generaciones.

En contextos como el salvadoreño, también debería considerarse el costo de la deuda. Debido a los altos niveles de endeudamiento el perfil de riesgo de nuestro país empeora y por ende las tasas de interés que pagamos son mucho más altas que, por ejemplo, las que pagan nuestros vecinos centroamericanos. Si a ello le sumamos hechos como los del 1 de mayo, que provocan inestabilidad política e irrespetan al Estado de derecho, nuestro país es mucho más riesgoso, por lo tanto las tasas de interés con las que podemos acceder a financiamiento se incrementan aún más.

Lo anterior, además, obliga a que las decisiones endeudamiento consideren que el pago de nuevos compromisos representa un alto costo de oportunidad de los recursos públicos. Es decir, en cada futuro presupuesto deberemos destinar mayor cantidad de recursos para el pago de amortizaciones e intereses, al tener ese destino, esos recursos no podrán utilizarse para atender las necesidades de las personas. Tan solo en el presupuesto para el 2021 se tiene contemplado destinar USD 1,100 millones para el servicio de la deuda, un monto que es incluso superior al presupuesto que tendrá el Ministerio de Salud este año.

Finalmente, la deuda, al ser pública implica que será solventada con el pago de impuestos de las generaciones presentes y futuras de la ciudadanía, por lo que debe ser gestionada bajo los principios de transparencia y rendición de cuentas. Históricamente este ha sido uno de las debilidades en la gestión de la deuda pública salvadoreña, la opacidad se hace presente desde la negociación de los préstamos y persiste en la fase de ejecución. Estos espacios han provocado que la ciudadanía salvadoreña se vea obligada a pagar, año con año, incluso por recursos que se perdieron en actos de corrupción.

El pasado 11 de mayo la Asamblea Legislativa aprobó nuevo endeudamiento, provenientes de diferentes préstamos, por un monto de USD 730.0 millones, esto equivale a casi 3.0% del PIB esperado para 2021. Ante la falta de debate legislativo y espacios de participación ciudadana, supongo que para dicha aprobación los y las nuevas legisladoras tomaron en consideración los elementos antes mencionados y son plenamente conscientes de las implicaciones de sus decisiones. Supongo.