Fiscales intentan ingresar al Ministerio de Salud, anoche. Dos policías resguardaban la entrada de la cartera de Estado. / Óscar Machón.


El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Rogelio Rivas, criticó el proceso de registro y allanamiento, que la Fiscalía General de la República realiza en el Ministerio de Salud.
Están poniendo en peligro la vida de la gente, porque afectan incluso sistemas informáticos. Creo que han llegado a niveles que ni siquiera nosotros podíamos imaginar. Son unos sinvergüenzas”, escribió Rivas en su cuenta de Twitter.

A criterio del ministro de Seguridad, la fiscalía intenta unirse “al pacto Arena-FMLN” haciendo, según él, registros “sin prevención de allanamiento” y con fiscales armados en el Ministerio de Salud.

La Fiscalía General de la República explicó que existen tres órdenes judiciales de registro con prevención de allanamiento, giradas por el Juzgado Décimo Tercero de Paz de San Salvador, y cuya vigencia se extiende hasta el 14 de noviembre.

Desde el 9 de noviembre, la Fiscalía General de la República hace un allanamiento en el Ministerio de Salud y en al menos otros 20 lugares sobre una investigación de las compras que el Gobierno hizo durante la crisis por la pandemia del covid.

Cuestionan antejuicio


El ministro Rogelio Rivas también cuestionó la solicitud que la Fiscalía hizo a la Asamblea Legislativa para desaforar al director de la Policía Nacional Civil, calificándola de ser otro intento de “políticos acabados”.

La solicitud de desafuero también fue criticada por el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, quien dijo que aseguraba dos cosas:
Existen fuertes presiones por la campaña electoral sobre los funcionarios de elección de segundo grado y que los intereses mezquinos siguen empecinados en hacer fracasar el Plan Control Territorial, para que vuelva la violencia a nuestro país". Alejandro Zelaya, ministro de Hacienda.

El 30 de septiembre, la comisión especial que investiga la colocación de títulos y préstamos del Estado salvadoreño aprobó para que el ministro de Hacienda fuera llevado por apremio a la Asamblea legislativa, luego de no asistir al llamado de los diputados, por tercera vez.

La instrucción fue girada al director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza, para que llevara al ministro, sin embargo, el titular de la corporación no lo hizo y el 2 de octubre, Arriaza argumentó que el ministro debía presentar el proyecto de la ley de presupuesto para el 2021, al Consejo de Ministros.

Ese mismo día los diputados acordaron certificar a la Fiscalía de la comisión de delitos de incumplimiento de deberes del comisionado Arriaza Chicas, al no trasladar al ministro de Hacienda por apremio.

¿Por qué dicen los diputados que hay delito?


El artículo 321 del Código Penal dice que “el funcionario o empleado público, agente de autoridad o el encargado de un servicio público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto propio de su función, será sancionado con prisión de cuatro a seis años e inhabilitación especial para el desempeño del cargo por igual período”.

Doce días más tarde de la certificación, el presidente de la República, Nayib Bukele, elevó al cargo de viceministro de Seguridad Pública, al comisionado Arriaza y fue interpretada como una estrategia del mandatarios para beneficiarlo con el fuero constitucional.

Por otro lado, el artículo 7 de la Ley Orgánica de la Policía dicta que el cargo de director general es incompatible con el desempeño de otro cargo público y con el ejercicio de su profesión excepto las actividades de carácter docente y cultural.