El Comité de Seguimiento y Veeduría Ciudadana del Fondo de Emergencia y de Recuperación Económica pidió información sobre los gastos durante la emergencia por el covid19 al entonces ministro de Agricultura y Ganadería, Pablo Ánliker.
La solicitud fue realizada el 21 de diciembre de 2020 y el plazo se le venció al MAG el 14 de enero de 2021.
El Comité le envió al MAG un dictamen preliminar el 26 de febrero de 2021 en el cual se le advertía que tenía 5 días hábiles para entregar la información.
El entonces ministro pidió, como respuesta, documentación de acreditación legal del Comité y de la pesrona que suscribe la solicitud.
El Comité decidió este martes enviar el dictamen de incumplimiento a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Corte de Cuentas de la República (CCR) a las que recomienda deducir las responsabilidades correspondientes.
No respondieron.
La ministra de Turismo, Morena Valdez, recibió una solicitud similar de información, sobre los egresos de fondos en respuesta a la emergencia de la pandemia covid19, el registro de adjudicaciones y órdenes de compra, y registro de las transacciones de flujo de fondos entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2020.
De acuerdo al dictamen de incumplimiento, la ministra no respondió ni a la solicitud de información realizada el 21 de diciembre de 2020, ni al dictamen preliminar de incumplimiento, que le daba 5 días para entregar la información.
Tampoco lo hizo el ministro de Salud, Francisco Alabí, a quien también el Comité de Veeduría le solicitó la misma información.
Además de las adjudicaciones y transacciones de flujos de fondos, el Comité de Veeduría solicitó los balances de comprobación al 30 de junio de 2020 con notas explicativas y al 30 de septiembre, con sus anexos.
Delitos posibles.
El Comité de Veeduría solicitó no especifica delitos posibles cometidos por el incumplimiento de entrega de información que notifican a la Fiscalía General.
El Comité de Veeduría sostiene que es la Fiscalía la institución que debe determinarlo.
“No podemos tipificarlo, pues le corresponde a la Fiscalía. Sin embargo, a nivel administrativo sería responsabilidad patrimonial y a nivel penal incumplimiento de deberes y actos arbitrarios al rehusarse a cumplir una función inherente a su cargo. Pero serán la Corte y la Fiscalía las que determinarán”, dijo Ricardo Castaneda, del Comité.
¿Qué les piden?
- Egresos
Gastos en respuesta a la pandemia de marzo a noviembre 2020, proveedor o destino, concepto, monto y estado de pago.
- Adjudicaciones
Así como las órdenes de compra, bienes o servicios adquiridos, proveedor, monto y estado de la compra.
- Transacciones y balances
Flujos de fondos, fuentes, fechas, cuentas, concepto y montos, balances de comprobación y anexos.
El dato
El decreto legislativo 674 aprobado el 24 de julio de 2020 indica que toda petición de información del Comité de Seguimiento y Veeduría es de obligatorio cumplimiento, en 10 días hábiles.