Hace unos días, Francisco Díaz, un extraordinario profesional y un exfuncionario del más alto nivel, señalaba en su columna que «...el debate legislativo pocas veces es debate, casi siempre intercambio de acusaciones, especulaciones o monólogos». Entre otros aspectos, esto ha provocado, por ejemplo, que lo que debiese ser un debate político se convierta prácticamente en un partido de fútbol, donde la ciudadanía lejos de fiscalizar el poder, se pone la camisa, cual fanático presto para convertirse en barra brava. Donde los mejores argumentos son los insultos.
En este contexto, ¿vale la pena debatir públicamente el presupuesto público? ¿Tiene sentido dar argumentos técnicos en medio del fanatismo electoral? Mi respuesta, es que hoy más que nunca debe de hacerse.
Primero porque así lo indica la ley, el presupuesto tiene distintas fases, la primera es la de la formulación, la cual le compete al Ejecutivo, e inicia normalmente en abril y termina hasta que se presenta el anteproyecto a la Asamblea Legislativa, que no puede ser más allá del 30 de septiembre. Lastimosamente, un año más, esta etapa se hizo a puertas cerrada, como ha sido la práctica histórica, y no hubo espacios para la participación ciudadana, por lo que nadie sabía cuáles iban a ser las prioridades de gasto o cómo se iba a financiar, por ejemplo.
Ahora, el anteproyecto se encuentra en la siguiente etapa: la de la discusión. Esto significa que es completamente normal que lleguen los distintos funcionarios, a la Asamblea, a explicar y responder los cuestionamientos sobre los presupuestos de sus instituciones para el próximo año. Esta etapa no tiene una fecha para que se termine. En otros países sí, para no irnos muy lejos en Guatemala se tiene hasta el 30 de noviembre para aprobar o no el presupuesto. Pero lo recomendable es que se apruebe antes de que finalice el año. Es decir, en estos momentos, nos encontramos en la etapa legal para el debate político sobre el proyecto de presupuesto para 2021.
Segundo y más importante, porque en un contexto de una de las peores crisis de la historia del país, es una obligación ética hacer recomendaciones para corregir un presupuesto que debe servir para salir de la crisis económica, enfrentar la pandemia, pero sobre todo asegurarle a las personas que en estos momentos la están pasando muy mal, una protección del resto de la sociedad. Por ello, es indispensable defender las cosas que están bien, pero también corregir las que no lo están. Pues de nada sirve aprobar un presupuesto que trae el mayor incremento de la inversión social, si no se va a contar con el financiamiento para hacerse realidad. Y porque al final los costos de la politiquería siempre los van a terminar pagando, principalmente, las personas más pobres.
Hasta antes del 2019, en etapa de la discusión en la Asamblea, solo se recibían a funcionarios. Sin embargo, el año pasado como un suceso histórico, se permitió que el Icefi fuera a presentar su análisis y recomendaciones. Este año es fundamental que se abra más ese espacio en la Asamblea y se permita que más centros de pensamiento, universidades, organizaciones sociales y demás expresiones de la sociedad puedan llegar a presentar sus análisis y recomendaciones. Pero también que en los distintos espacios se pueda reflexionar dialogar y debatir sobre el presupuesto.
Al final de cuentas, el presupuesto no es ni del Presidente de la República, ni del Ministro de Hacienda, ni de los Diputados y Diputadas. El presupuesto es de toda la población, que con sus impuestos actuales o futuros lo financia. Debemos entonces desde la madurez del debate con argumentos, aportar para que construir un presupuesto público que responda a los desafíos que la sociedad tiene. Para muchas personas el presupuesto es, prácticamente, el único salvavidas que tienen para no hundirse, por ellas principalmente, es que vale la pena debatir seriamente el presupuesto.