Nací a finales de la guerra y crecí en un país en paz, o por lo menos en uno sin un conflicto armado activo, por eso sería muy fácil ignorar lo que pasó antes de que mi cerebro pudiera formar recuerdos propios y conscientes. Sin embargo, siempre agradeceré el hecho de que en mi familia se hablara de la guerra, de sus horrores y de la esperanza de no volver a vivir algo así. También agradeceré la dedicación de mi maestra de sociales, la Seño Cecy, con quien en clase vimos documentales y películas, leímos libros, crónicas y reportajes, y reflexionamos sobre la guerra, sus causas estructurales, sus consecuencias y la importancia de la firma de los Acuerdos de Paz, porque aunque mis compañeras y yo éramos demasiado jóvenes como para recordar la guerra, debíamos conocer lo que había sucedido en nuestro pasado reciente, ella buscó construir en nosotras un mínimo de memoria histórica.
Lamentablemente, como país, aún estamos muy lejos de reconocer nuestra historia y reconciliarnos con ella. Si así fuera, no tendríamos diputadas que dicen ser amigas de la población, pero que al mismo tiempo veneran y celebran la vida de criminales de guerra. Si tuviéramos memoria histórica no hubiéramos tolerado que diferentes presidentes, o mejor dicho comandantes generales de la Fuerza Armada, ignoraran las recomendaciones y resoluciones, de cortes nacionales e internacionales, para reivindicar los derechos de las víctimas de la guerra, las personas sobrevivientes y sus familias; o que se limitaran a derramar lágrimas falsas, pero que a la hora de contribuir a la justicia transicional, miraron a un lado y fueron incapaces de actuar. Si tuviéramos memoria histórica le recordaríamos al comandante general en funciones que borrar un nombre de una pared no es suficiente para que las víctimas y sus familias reciban justicia.
El Estado salvadoreño les debe a las víctimas y sus familias el derecho a la verdad, de cómo durante la guerra, agentes estatales violaron sus derechos como parte de una estrategia militar. Por ello resulta inaceptable que una institución pública como el Ministerio de Defensa, cuyo presupuesto nos cuesta en promedio USD 180 millones anuales, con asignaciones que crecen año con año -incluso más que nuestras inversiones públicas en salud y educación-, se rehúse, en plena democracia, a rendir cuentas de sus actos y obedecer órdenes judiciales para abrir los archivos militares.
Parece que la nueva Fuerza Armada, lo único novedoso que tiene es su equipo de comunicación y sus materiales de marketing; pero en realidad sigue siendo la misma de siempre: la que viola derechos humanos, la que ocupa ilegalmente las instalaciones de otros poderes del Estado y la que no se supedita al poder civil, todo bajo el manto de la impunidad. Y lo peor es que su nuevo comandante general, el presidente Bukele, actúa como sus predecesores de Arena y del FMLN: se compromete con la impunidad al no ordenar la apertura irrestricta de los archivos militares, concernientes a la masacre de El Mozote y resto de crímenes de guerra, incumpliendo así una de sus promesas de campaña y contradiciendo sus propias palabras.
Continuar perpetuando la impunidad es una burla para las víctimas, los sobrevivientes y sus familias; la espera por el esclarecimiento de los hechos y la determinación de responsabilidades ha sido demasiado larga. En honor a quienes perdieron su vida en estos actos atroces y por la responsabilidad que todos tenemos para garantizar que esto no se repita, debemos seguir exigiendo verdad, justicia y reparación. Pero además, debemos cuestionarnos si una institución bélica sigue teniendo cabida dentro de nuestro aparato estatal, si vale la pena que nuestros impuestos se usen para financiar una institución de esta naturaleza o si sería mejor utilizar esos recursos en algo más provechoso para la sociedad como el financiamiento de escuelas públicas donde construyamos y resguardemos nuestra memoria histórica.