La empresa nació en 2010 en San Francisco, Estados Unidos, y extendió sus tentáculos a 66 países. Uno menos desde este viernes 31 de enero tras su salida de Colombia por decisión de autoridades locales. Uber, la aplicación de transporte más famosa, ahora debe defender la legalidad de sus operaciones en el territorio colombiano y prepara un arbitraje internacional por un perjuicio de $250 millones.
Hugo se volvió socio conductor en junio de 2018. Antes se dedicaba junto a su esposa a una heladería y frutería, pero por cuestiones médicas vendieron el negocio y, desde entonces, el colombiano se dedicaba a realiza en promedio 20 viajes diarios. Quedarse sin empleo no está en negociación, asegura, poco antes que Uber apagara su sistema se unió a otra aplicación de transporte de pasajeros. Cambió de marca, no de empleo.
Esta medida aplica solo para Colombia, la aplicación “de Uber sigue operando para contribuir al desarrollo económico y social de los salvadoreños”, aseguró la empresa.
El empujón: la necesidad
“Dispuesto a servirte. Siempre”, dice el perfil de David, un estudiante de profesorado en inglés de la Universidad de El Salvador (UES). ¿Por qué me dedico a conductor de Uber?, se cuestiona a sí mismo y se responde, porque da más ingresos que trabajar en una empresa. Entonces su afán de obtener una licenciatura es para reconocimiento propio, no para vivir de ella.
José también tiene clara su situación. Un joven no mayor de 30 años acepta casi todo viaje para mantener su perfil con cinco estrellas. Se dedica de lleno a ser socio conductor y su objetivo, según cuenta, es alquilar un vehículo para la misma aplicación; al menos para mientras tenga derechos de operación en El salvador. Cree que dure dos años más.
Uber se volvió en el último año para muchos en la principal fuente de ingresos. Sus datos indican que unos 6,100 salvadoreños trabajan como socios conductores. Esta cifra es tres veces más alta que cuando inició operaciones en 2017 y solo en los pasados tres meses reportó la incorporación de 2,800 personas.
De esa forma, la aplicación gana más terreno en el sector laboral que el mismo sector privado. Las estadísticas del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) revelan que a octubre de 2019 se reportaron 12,688 trabajadores adicionales dentro de todas las ramas productivas de El Salvador. Así, Uber genera ingresos económicos al equivalente de la mitad de los empleos formales generados durante 2019.
“Decidí unirme a Uber, por la simple y sencilla razón que es una fuente de empleo necesaria”, suma Isaac Serrano. “Nos abrió las puertas a ser empleados nuevamente”, afirma.
Informalidad y oportunidad
A la compañía se le acusa, como a otras aplicaciones de economía colaborativa, de fomentar el empleo informal. Sus socios conductores no tienen las prestaciones legales, no cotizan seguro ni pensión. “Uber es una plataforma tecnológica que otorga a las personas la posibilidad de generar ingresos extras”, esto quiere decir que la empresa “pone a disposición” la tecnología para que decidan “cuándo, cómo y dónde” quieran utilizarla.
“Por lo mismo, Uber no tiene ningún tipo de contrato con sus socios conductores, pues se trata de personas independientes que utilizan la plataforma para emprender cuando ellos lo prefieren y dejar de hacerlo igualmente cuando ellos lo deciden”, indicó Carolina Coto, gerente de comunicación Uber Centroamérica.
La Organización Internacional de Trabajo (OIT) ya sacó su tarjeta roja para estos modelos de negocio y cree que muchas de tareas que ahora se realizan, ya sea por plataformas de tercerización o geolocalización, generan problemas similares a hace 100 años. Los estudios se han hecho, pero falta las leyes.
Diputados ni lo piensan
Mientras que la compañía asegura “está en la disposición de dialogar con las autoridades en los países”, el tema no quita el sueño a los diputados de la Asamblea Legislativa.
El presidente de la Comisión de Obras Públicas y Transporte y jefe de fracción de Arena, Carlos Reyes, aseguró que no hay ninguna propuesta en discusión, y descarta de entrada una legalización total.
“La realidad es que en este país las leyes dicen que para dar servicio de transporte público, en este caso particular, deben tener permiso. Esto significa que de alguna forma están operando al margen de la ley”, indicó.
Lorenzo Rivas, miembro de la Comisión y diputado de Gana, reveló que ya hay peticiones aisladas de automovilstas que quieren más flexibilidad en el otorgamiento de permisos, extendidos por el Viceministerio de Transporte (VMT).
Un parque vehicular saturado y las protestas de taxistas por conflictos de competencia, augura, serían las primeras barreras para legalizar el servicio. “Son una realidad, y hay que buscar una solución. La gente quiere ganarse la vida y tienen todo el derecho, hay que legislar sobre la base de eso”, afirma.
Arbitraje internacional
Uber anunció que llevará a arbitraje internacional la controversia con Colombia, pues, según la compañía, le generó un perjuicio de $250 millones.
Informó que “presentó al gobierno una notificación formal de su intención de someter a arbitraje internacional” el desacuerdo suscitado por un fallo estatal del 20 de diciembre. Según la plataforma, viola el Tratado de Libre Comercio (TLC) vigente entre ambos países. Además, cuestionó que la sanción no fuera aplicada a plataformas que prestan servicios similares y que continúan operando en el país.
