Votaron en abstención Nuestro Tiempo y dos diputadas del FMLN.
La exoneración incluye a la FGR, a sus contratistas, subcontratistas y sus proveedores, consultores y supervisores involucrados en la ejecución del proyecto.
Aplicaría exención total del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y la Prestación de Servicios (IVA) y los impuestos de derechos aduaneros, aranceles, gravámenes, almacenaje e impuestos que graven la importación e internación de bienes, obras y servicios.
La Fiscalía cuenta con $70,226,086 provenientes de dos préstamos internacionales para la ejecución del proyecto de construcción. El decreto tiene carácter de orden público y se establece la retroactividad a enero de 2022.
Evelyn Merlos, de Nuevas Ideas, dijo que la FGR “necesita mejores infraestructuras y equipamiento porque está vigente el régimen de excepción”. Valoró como importante la exoneración tributaria para que la Fiscalía cuente con “infraestructura propia, accesible, funcional, centralizada y debidamente acondicionada”.
Por su parte, la diputada Rebeca Santos, destacó que el nivel de efectividad fiscal es de 80 %. “Quiere decir que 8 de cada 10 casos terminan siendo procesados por la justicia y obteniendo una condenatoria sancionatoria”, dijo.
FMLN critica medida, por “regresiva”
Previo a la votación, Anabel Belloso, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), consideró que este tipo de incentivos constituye “una carga tributaria regresiva” porque se exonera a empresas que tendría la capacidad de pagar.“Al final un contratista, una empresa que gana ese contrato millonario, ¿por qué no va a aportar a través del pago de los impuestos? Si tiene la solvencia económica, la capacidad financiera para honrar un pago de impuestos”, dijo.
Enfatizó que en la lógica de justicia tributaria “el que más tiene es el que tiene que pagar, el que más debe pagar” para que esos recursos se canalicen en obras para la población.
Criticó que en este gobierno se aprobaron incentivos fiscales similares en otros proyectos y para obras municipales. “Creo que es bien irresponsable seguir en esa lógica, porque no trae a la larga ni en el corto plazo un beneficio para la población, sino que para el empresario, para el rico”, añadió.