Como novedades, contempla el otorgamiento de residencias por razones humanitarias, la entrega de visas especiales para inversionistas y para personas que quieran someterse a tratamientos médicos en El Salvador.
También, la ley garantiza el debido proceso para los migrantes, así como el cumplimiento de principios de igualdad, unidad familiar, respeto a la dignidad humana, protección de niños y adolescentes y reunificación familiar.
La normativa incorpora la modalidad de pasaporte electrónico, la carrera migratoria para especializar al personal y crea un Consejo Consultivo de Migración y Extranjería que asesorará a la Presidencia de la república y emitirá la políticas migratoria del país.
La regulación deroga la Ley de Migración de 1958, el decreto relativo a los ministros de cualquier culto religioso, vigente desde 1969, la Ley Especial para Residentes Rentistas de 1973, la Ley de Expedición, Revalidación de Pasaportes y Autorizaciones de entrada a la República aprobada en 1982 y la Ley de Extranjería, la cual estaba vigente desde 1986.
“Estamos garantizando todas aquellas residencias y estatus migratorios de las personas que deciden ingresar y residir en el país. Estamos facilitando el tema de la acreditación de las personas de negocios, visas de negocios, visas de viajeros frecuentes, estamos regulando todos los derechos humanos de las personas migrantes, principalmente las personas vulnerables y estamos trabajando en la modernización de los servicios en materia migratoria”, dijo Evelyn Marroquín, directora de Migración.
La Asamblea Legislativa realizó ayer una sesión plenaria exclusiva para la lectura y aprobación de los 346 artículos que contiene la ley. Esta normativa entrará en vigencia 20 días después de su publicación en el Diario Oficial. La normativa, según los legisladores, atiende compromisos internacionales adquiridos por El Salvador en materia de protección de migrantes.
Personas que soliciten asilo político o aquellos conocidos por “apátridas”, por no tener una nacionalidad, podrán pedir permiso en El Salvador y, después de tres años, podrán pedir la residencia permanente. También, podrán acogerse en El Salvador a un régimen especial de protecciónde personas refugiadas, víctimas de trata de personas o que demuestren que sus vidas corren peligro en sus países de origen.
