Con 57 votos y uno en contra, la Asamblea Legislativa aprobó este martes la cuadragésima quinta prórroga del régimen de excepción, con el cual según el gobierno ya capturaron a 90,200 supuestos pandilleros y contabiliza 1,060 sin homicidios.
El estado de excepción mantiene suspendidos garantías constitucionales de defensa, máximo plazo de detención e inviolabilidad de las telecomunicaciones.
"Murieron más personas a manos de las pandillas que en la guerra civil y ahora tenemos una tranquilidad en nuestro país. Nosotros como diputados siempre vamos a estar dando nuestro voto para que nuestro país se mantengan limpio", dijo en el pleno el diputado Reynaldo López Cardoza, del PCN, aliado del partido oficial.
El diputado Reinaldo Carballo, otro aliado del gobierno, del Partido Demócrata Cristiano, argumentó que en el pasado tenían un "régimen impuesto por las maras de ver, oír y callar". "Es la única herramienta constitucional que nos ha funcionado", indicó.
Detrás de cada régimen de excepción "hay familias vivas", dijo, por su parte el diputado Walter Coto, de Nuevas Ideas. "A fuerza de ser sincero, falta muchos votos más que tenemos que dar, tenemos que seguir dando los votos para seguir dando las herramientas necesarias a que la Fiscalía y la Policía persiga a los delincuentes… Estamos convencidos que siguiendo votando con esa misma fuerza, vamos a reconstruir otras áreas", dijo.
La oposición no votó por la prórroga, los diputados Francisco Lira y Marcela Villatoro, de Arena, no estaban presentes; mientras, la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, votó en contra.
Los legisladores de oposición han cuestionado que la aplicación del régimen de excepción viola derechos de personas que han sido arrestadas arbitrariamente sin pruebas. Nuevas Ideas y Vamos ya se han señalado mutuamente de defender pandilleros.
Esta mañana, el Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) denunció que más de 25 mujeres detenidas bajo régimen de excepción en una protesta desarrollada en el Centro Histórico en la cual exigió "verdad y justicia" en la muerte de Yessica Solís, quien el 6 de noviembre fue disparada por un soldado de la Fuerza Armada en un hecho que la Policía Nacional Civil calificó de accidental y de homicidio culposo.