Contrario a él, desde hace unos años apareció en el entarimado político nacional otro “minero” empeñado en confundir el humanismo con el histrionismo y la historia con la desmemoria; alguien que pretende perfilarse como impulsor de un país iluminado con luces fantasiosas para esconder la precariedad y el dolor que esta causa a esas mayorías citadas por el maestro del pincel y la brocha, aunque por ahora tenga embobadas a buena parte de estas con sus “grandes ideas”; es decir, sus ideotas nada “nuevas”porque el autócrata reinante se ha encargado de recrear ‒siempre con el mismo manual básico en mano‒ lo hecho por varios de sus colegas antecesores. Para muestra, un par de botones.
El general Carlos Humberto Romero, último chafarotetrocado en presidente de nuestra república, fue impuesto mediante un fraude electoral al igual que su predecesor e impulsor: el coronel Arturo Armando Molina. Romero fue derrocado por la llamada “juventud militar” en octubre de 1979; durante su truncado mandato, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) vino al país y elaboró el informe sobre su situación que publicó en noviembre de 1978.
En 1977, a iniciativa de Romero, se decretó la Ley de defensa y garantía del orden público. Sobre esta, el organismo regional recomendó reformarla para “eliminar las disposiciones” que permitían una “interpretación demasiado amplia” de las mismas y su“aplicación indiscriminada”, propiciando así “abusos de poder en perjuicio del libre y normal desenvolvimiento de los opositores al Gobierno, conforme a los usos y costumbres propios de una sociedad democrática”.
Recordando lo anterior no me quedó otra que volver la vista al insultante caso de los líderes ambientalistas de Santa Marta, departamento de Cabañas, cuya persecución penal iniciada hace casi dos años es considerada acá y en el mundo como una torpe movida oficialista, antes de anunciar derogación de la Ley de prohibición de la minería metálica ‒aprobada hace más de siete años‒ cuyo alcance impide explorar, extraer, explotar y procesar nuestro suelo y nuestro subsuelo para tal fin, a cielo abierto o de forma subterránea; asimismo, prohíbe usar químicos tóxicos “en cualquier proceso de minería metálica”.
La persecución referida ‒montada para atemorizar a las comunidades del país organizadas en defensa de sus derechos‒ se ha impulsado en el marco del régimen de excepción impuesto por un “bukelato”también fraudulento a partir de las elecciones de este año; dicho régimen ya superó los 33 meses de vigencia, pese a que la CIDH recomendó este septiembre “finalizar la suspensión de los derechos y garantías” establecida como un componente esencial del presente escenario autoritario.
Y hablando de distractores y dictadores salvadoreños, no resulta ocioso traer a cuenta que el tirano del siglo pasado ‒Maximiliano Hernández Martínez‒ inició inconstitucionalmente otro período presidencial el 1 de marzo de 1939; ese mismo día se publicó que en Santa Ana había petróleo y “yacimientos de estaño de muy buena calidad”. Esto lo retomo del respetado Héctor Lindo Fuentes, quien añade que el déspota“amplificó al máximo la retórica [...] del ‘enemigo interno’, y la aprovechó para consolidar un régimen de partido único, con diputados incondicionales, un poder judicial sin independencia, y control de las municipalidades. Además, le puso especial interés a supervisar las comunicaciones, denigraba a la prensa independiente y manipuló la Constitución para reelegirse dos veces”.
Como ya he dicho, nuestra rueda de la historia ciertamente se mueve... pero en el mismo sitio; patina pero no avanza y se hunde cada vez más. Hoy le tocó el turno a la minería, bendita para las élites ‒las minorías siempre privilegiadas‒ pero maldita para nuestras mayorías populares. De estas últimas, las “masas” según el maestro Minero, no debemos apartarnos.
Posdata: el coronel Molina también tuvo su Miss Universo hace casi cuarenta años.