"Queremos asegurarnos de que nuestros compatriotas estadounidenses sean liberados. También nos centramos en los presos políticos en Venezuela y tratamos de garantizar su liberación", declaró Blinken a periodistas.
"Tenemos mucho trabajo en marcha en ambos frentes en este momento. Y esperamos tener buenas noticias para compartir, probablemente hoy más tarde", añadió.
Hay unos 10 estadounidenses presos en Venezuela, incluidos Luke Alexander Denman y Airan Berry, condenados a 20 años de cárcel en 2020, acusados de terrorismo por una fallida incursión armada en el país caribeño.
Según la prensa estadounidense, Caracas negoció a cambio la liberación de Alex Saab, un presunto testaferro de Maduro.
Saab llegó a Miami en octubre de 2021 tras ser extraditado desde Cabo Verde y está siendo juzgado por un cargo de conspiración para lavar dinero.
La fiscalía estadounidense acusa a Saab y a su socio, el prófugo colombiano Álvaro Pulido, de transferir 350 millones de dólares obtenidos ilegalmente en Venezuela para blanquearlos a través de Estados Unidos.
De acuerdo con la Fiscalía, Saab había sido informante de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) y había brindado información sobre los sobornos pagados a funcionarios venezolanos.
El arresto y extradición de Saab a Estados Unidos enfureció al gobierno venezolano, que asegura que el empresario ejercía labores de enviado especial de Caracas en el momento de su detención y que la justicia estadounidense no había respetado su inmunidad diplomática.
Saab se acabó convirtiendo en una moneda de cambio para Maduro que exige su puesta en libertad para desbloquear y avanzar en las negociaciones con la oposición.
La tensión entre Caracas y Washington, que considera fraudulenta la reelección de Maduro en 2018, parece amainar en los últimos meses.
También se palpa una cierta distensión entre el mandatario socialista y la oposición, con la que en octubre firmó el acuerdo de Barbados sobre las elecciones presidenciales de 2024.
En contrapartida y para alentar el diálogo Washington levantó parcialmente las sanciones al petróleo, oro y gas venezolano, supeditándolo a dos condiciones.
El gobierno venezolano debía establecer un proceso para levantar las inhabilitaciones políticas de los opositores venezolanos y comenzar a liberar a las personas "detenidas injustamente", es decir tanto a los estadounidenses como a los presos políticos venezolanos.