El presidente Nayib Bukele defendió este miércoles el juicio colectivo contra 486 presuntos pandilleros de la Mara Salvatrucha, acusados de miles de delitos, y cuestionó las críticas emitidas por el exdirector de Human Rights Watch, Kenneth Roth.

El mandatario respondió a señalamientos del académico, quien calificó el proceso como “lamentablemente injusto”, en referencia al modelo de juicio masivo aplicado en el país bajo el régimen de excepción.

“¿“Terriblemente injusto”?”, cuestionó Bukele, al tiempo que aseguró que los procesados no son delincuentes comunes, sino cabecillas de estructuras criminales con antecedentes por delitos graves.

El presidente afirmó que los imputados han sido responsables de ordenar al menos 47,000 crímenes, incluyendo más de 29,000 asesinatos, según datos presentados por las autoridades.

“Estos 486 terroristas no son delincuentes comunes. Son líderes de bandas criminales bien conocidos, la mayoría ya condenados por delitos que cometieron personalmente, incluyendo asesinato, violación (a menudo seguida de asesinato), extorsión y secuestro”, expresó el mandatario.

Bukele también defendió la figura legal utilizada en el proceso, al compararla con precedentes históricos.

“El único aspecto “novedoso” es responsabilizar a los cabecillas por los crímenes cometidos por sus organizaciones. No inventamos ese principio. Se llama “responsabilidad de mando” y se aplicó en Europa durante los Juicios de Núremberg”, sostuvo.

En esa línea, el gobernante cuestionó directamente la postura de Roth. “¿También estás en contra de esos juicios?” (de Núremberg) ¿O simplemente aplicas la lógica de “es bueno para mí, pero no para ti”?”, agregó.

Por su parte, la Fiscalía General de la República confirmó que este grupo enfrenta por primera vez un proceso bajo la modalidad de macroaudiencia única, tras reformas legales aprobadas en 2023.

Entre los acusados se encuentran 21 de los 22 principales líderes de la Mara Salvatrucha, quienes serán procesados en conjunto por su presunta participación en estructuras criminales.

La implementación de estos juicios colectivos forma parte de las medidas adoptadas durante el régimen de excepción, vigente desde 2022, en el marco de la estrategia de seguridad del Gobierno.