El juicio que finalizó hace más de cuatro meses, aún está a la espera que los jueces den la resolución. El fallo se ha suspendido en seis ocasiones, las dos últimas a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), debido a su incomparecencia.
Los abogados que hablaron con Diario El Mundo aseguraron que la ley indica que los jueces pueden dar el fallo independientemente si las partes están o no, sin embargo, sostienen que los jueces insisten en qué al momento de dar el fallo esté la Fiscalía.
“El juez dijo que el fallo así venía, no favorable para ambas partes y que eso no se iba a modificar, que era una decisión tomada, sin embargo, hasta ahorita no ponen ni fecha, está bien que tengan audiencia, si están ocupados, pero que den una fecha, parece extraño eso, como que pueda ser que hayan intereses que quieran modificar ese fallo”, aseguró un abogado defensor, quien pidió anonimato por miedo a represalias.
El pasado 15 de marzo, uno de los jueces del Tribunal Primero de Sentencia suspendió el fallo a petición de la Fiscalía y confirmó que éste, estaba listo y que no se cambiaría, al mismo tiempo que aseguró que la decisión unánime afectaba a ambas partes.
Abogados sostienen que el fallo en firme es mixto, es decir, habrán condenados y absueltos, y en ese sentido indican que se podría modificar la decisión.
“Es probable, si tienen una orden superior, probablemente les han indicado que es lo quieren que resuelvan ... cualquier cosa se podría esperar”, aseguró otro abogado defensor.
Ricardo Martínez, abogado defensor delexpresidente del Banco Hipotecario, Manuel Rivera, aseguró que la tardanza en dar el fallo pueden ser variadas, una de ellas dice que Fiscalía al tener conocimiento sobre absoluciones buscará el momento mediático adecuado para que el fallo pase desapercibido.
“Podría ser porque la Fiscalía ya tiene conocimiento de alguna absolución en el caso y están buscando el momento para amortizar el golpe...Otra puede ser que la Fiscalía busque el inicio de otro juicio mediático para que el fallo no tenga tanta relevancia”, sostuvo Ricardo Martínez a Diario El Mundo.
Intromisión
Aseguran que una probabilidad de presiones para modificar el fallo sería una intromisión a la independencia judicial.“Ojalá no fuera esa la intención, pero cualquiera podría imaginarlo. Sería una cuestión muy delicada, porque habría una clara intromisión en el Órgano Judicial, que atentaría contra la independencia judicial y hasta podría incurrir en infracción penal”, aseguró otro abogado penalista ligado al caso.
Otros abogados se abstuvieron de opinar sobre la tardanza en el señalamiento del fallo verbal del caso, explicaron que desconocen las razones.
El juez de sentencia durante la última suspensión para la lectura del fallo aseguró que el próximo señalamiento sería el último, y daría el fallo “estén quienes estén”.
“Se va a notificar la fecha en que se va a reprogramar por una última vez, bajo la advertencia que en la próxima fecha se va a emitir el fallo con las partes que estén, a la hora que se señale, esa va a ser la prevención que se va a establecer en el próximo señalamiento”, dijo el juez Primero de Sentencia.
Las suspensiones del fallo
La lectura del fallo se ha suspendido en seis ocasiones, inicialmente el Tribunal programó la lectura del fallo para el 30 de noviembre, pero fue suspendida porque los jueces no habían terminado la deliberación del caso. En una segunda ocasión fue programada para el 22 de diciembre, pero al igual que la primera tuvo que suspenderse por el mismo motivo, al igual que en una tercera fecha estipulada para el 9 de febrero.Una cuarta fecha fijada para ello fue el 16 de febrero, también fue suspendida finalmente porque los fiscales estaban en el escrutinio final de las elecciones presidenciales y legislativas. Y el pasado 20 de febrero se suspendió también por la incomparecencia de la Fiscalía, supuestamente porque estaban en una diligencia judicial que les impedía estar presente en el fallo.
La última y sexta vez, luego que los fiscales en sala recibieron una llamada telefónica y salieran, supuestamente porque fueron encomendados a una diligencia fiscal.
La Fiscalía enjuició a diez personas acusadas de peculado y lavado de dinero por el desvío de $351 millones de Casa Presidencial, entre ellos, la exprimera dama de la República, Vanda Pignato, exfuncionarios y exempleados de la gestión Funes, para los cuales han pedido penas que oscilan entre cuatro años hasta 30 años de cárcel. En el caso de la exprimera dama, Vanda Pignato, la Fiscalía solicitó a los jueces una pena de 19 años de cárcel.