De la extorsión no se han salvado las entidades económicas, ni por su número de colaboradores o por sus ingresos anuales; el control de los territorios les permitió amenazar a quienes quisieron y en la lógica absurda de sus cabecillas ordenar que todas y todos debían pagar un tributo a las pandillas criminales porque eran dueños de los territorios. A las pandillas no les interesaba si su negocio ya estaba siendo “renteado” por otra u otras estructuras, tenía que pagar porque de lo contrario dictaba su propia sentencia de muerte.
Las extorsiones le permitieron disponer de un estilo de vida de sus cabecillas visibles y no visibles lleno de lujos y excesos de todo tipo, una nueva clase social, una clase social criminal, que sus caprichos y derroches estaban construidos sobre el sufrimiento de micros, emprendedores, negocios familiares, vendedores por cuenta propia quienes, que no podían ocultarse bajo la figura de un gerente o jefe, tenían que exponer su integridad física y de sus familiares.
Durante estas dos décadas ha sido lamentable como muchas empresas medianas, grandes y transnacionales prefirieron pagar y trasladar los costos de la extorsión a sus productos y servicios, y que ese costo de extorsión periódica lo pagaron los consumidores. Muchas de estas empresas han pagado miles de miles de dólares por años y no existen denuncias en sede fiscal o policial, pero ante medios de comunicación y sus respectivos gremiales criticaban duramente a la PNC y FGR. No faltaron empresas y gremiales que cada diciembre con balances de extorsiones, pero sus agremiados no denuncian porque era más fácil que la sociedad pagara ese costo que denunciar.
Estas actitudes envalentonaron a los pandilleros, tuvieron la lectura adecuada que ciertos empresarios prefieren pagar y poder ingresar a diferentes sectores a nivel nacional hacer negocios. Incluso muchas empresas medianas y grandes tenían y posiblemente conservan estructuras de empleados que dicen que los extorsionan y no es así, y estas estructuras internas obtienen un doble ingreso. Recuerdo el caso de una empresa de baterías que decían que una comunidad al oriente de la ciudad capital, que en cada pasaje y en cada zona de esa comunidad, tenían que repartir dinero. Cuando el gerente de país decidió atender las recomendaciones y cambiar a todos los empleados de esa ruta se dio cuenta que los camiones ingresaron sin ser detenidos por nadie, durante todo un mes de la prueba y evidencia. Cuando se les recomendó que denunciaran a los empleados ante la FGR y PNC, no lo quisieron hacer y la disposición fue despedirlos. En unos meses, la estructura interna se había activado siempre en la misma empresa.
Otras empresas disponen de directores, gerentes y jefes de seguridad que recomiendan a los empresarios que paguen la extorsión, y no tienen ni las zonas donde supuestamente han sido amenazados, ni la estructura criminal, ni los montos que pagan. Ha sido un esquema perverso que algunas empresas grandes y medianas han sostenido porque no importa el precio se les traslada a los consumidores. Ha llegado el momento de cerrar los flujos financieros de las pandillas y sus colaboradores, ahora ya no hay pretexto, y nunca lo fue porque las pandillas nunca amenazaron a los accionistas y socios; si como sociedad queremos transformar esta historia criminal hay que denunciar. No más el trabajo u oficio de “rentero y rentera” en El Salvador.