La Corte Suprema de Justicia (CSJ) solicitó ayer un plazo de al menos 30 días para que inicie la vigencia de la cadena perpetua en El Salvador con el fin de que puedan evaluar una posible conversión de juzgados para aplicarla.

La propuesta de reforma al Código Penal presentada por el Ministerio de Seguridad y Justicia a la Asamblea Legislativa plantea en su artículo 92-C que “el juez competente” realizará el procedimiento de revisión de la pena perpetua y que este “deberá motivar la existencia de un pronóstico individualizado favorable de reinserción social del condenado”.

Una vez cumplido el plazo para la revisión obligatoria, “a requerimiento del juez y en el plazo de un mes”, el Consejo Criminológico Regional emitirá un informe sobre la peligrosidad y la probabilidad de reinserción del condenado, el juez realizará una audiencia y resolverá a favor o en contra de la libertad controlada.

El magistrado Alejandro Quinteros, presidente de la Sala de lo Penal, manifestó que en la reforma convergen el “juzgamiento de menores de edad que hayan cometido delitos de extrema gravedad”, conocidos por la jurisdicción especializada para una vida libre de violencia para las mujeres, “feminicidio y agravado, y además delitos de violación, simple, agravada, violación en menor o incapaz y agravada”; “estamos en una competencia diversa. Ante eso, consideramos que es importante garantizar la especialización”, observó.

Explicó que “uno de los grandes cuestionamientos en los delitos sexuales es el tiempo de demora de un proceso, puede reincidir en la revictimización”. “Si el proceso dura mucho tiempo, es revictimizante”, “por tanto los procesos deben acelerarse”, advirtió.

Agregó que, si se valorara “un juez competente”, tendrían que “valorar la posibilidad de convertir sedes, a través de la figura de la conversión, para optimizar la capacidad disponible”.

“En nombre de la Corte, si este órgano de Estado, la posibilidad de una vacatio legis por lo menos de 30 días” para asumirlo con la capacidad instalada, eso pasa por una evaluación a través de la Comisión de Jueces, solicitó, para “acceder a servicios de justicia que sean más ágiles”.

El diputado Caleb Navarro, de Nuevas Ideas, dijo que estaba “bastante coherente” la solicitud para la “organización interna y administrativa”, “es una buena medida que debe analizarse”.

La reforma constitucional que aprobaría El Salvador levantaría la prohibición de la pena perpetua y la propuesta de reforma al Código Penal establece una revisión obligatoria de la pena perpetua a partir de 25 años para menores, a partir de 30 años a adultos condenados por un delito, a partir de 35 años por varios delitos y desde los 40 años si tiene agravante.

Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) respaldaron ayer la reforma constitucional y penal y que no violaría tratados internacionales como la Convención de Derechos del Niño, porque se plantea como una pena perpetua “revisable” y no cerrada.