La coordinadora para América Latina del Centro de Derechos Civiles y Políticos (CCPR), Mariel Merayo, explicó que el Comité, conformado por 18 expertos independientes que vigilan el cumplimiento del Pacto, dio seguimiento a tres de las 16 recomendaciones adoptadas para El Salvador en 2018.
El informe de evaluación se emitió el 19 de julio de 2022. Según Merayo, el Comité está facultado a realizar estas evaluaciones porque El Salvador ratificó el Protocolo facultativo del Pacto el 6 de junio de 1995.
Los criterios de evaluación son: nota A para acciones altamente satisfactorias, nota B para acciones parcialmente satisfactorias, nota C implica que no hay avances en las recomendaciones, nota D es una falta de cooperación y la nota E se da por medidas contrarias a la recomendación. Según Merayo, “la letra C es la calificación más baja que puede tener un Estado que tiene comunicación con el Comité”.
Este fue el resultado de las evaluaciones:
1. Aborto y derechos sexuales reproductivos:
Nota C: se considera una recomendación sin avances en materia legislativa ante la criminalización, persecución y encarcelamiento.Nota B: avances limitados en la reducción de la tasa de mortalidad materna.
2. Derecho a la vida
Nota C: se considera que no hay avances en la investigación de violaciones de derechos humanos.Nota E: considera que se deterioró la protección, seguridad e independencia del fiscal general.
Nota C: considera sin avances en las recomendaciones sobre las personas desaparecidas.
3. Ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura.
Una de las recomendaciones en este punto es considerar la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura.
Nota C: sin avances.
De acuerdo a la coordinadora para América Latina del CCPR, el Estado de El Salvador acaba de tener su revisión de seguimiento y su próxima sesión será dentro de un periodo de aproximadamente cuatro años.
“Estas observaciones finales tienen relevancia durante estos cuatro años y estas observaciones finales requieren no solamente del compromiso del Estado para dar continuidad a sus obligaciones, sino que permite a las organizaciones tener este insumo”, explicó.
El Comité de Derechos Humanos busca que el Estado interactúe para analizar posibles avances y pasos a seguir.
El aborto ha sido penalizado de manera absoluta desde 1997 y esta penalización total ha generado grandes consecuencias, una de las más graves tiene que ver con la criminalización de mujeres. –Sara García, coordinadora de incidencia política de la Agrupación ciudadana por la despenalización del aborto.
Reportamos que desde 2016, desde la creación de esta unidad fiscal, la Fiscalía solamente ha dado dos personas adicionales y son de carácter administrativo. La carga laboral es bastante alta, alrededor de 213 casos, los fiscales auxiliares no dan abasto. –Victoria Barrientos, oficial de programa DPLF.
Actualmente no contamos con ningún espacio de diálogo con las instituciones de diálogo, se cerró la mesa de actuaciones policiales y derechos humanos en donde se había firmado una carta de entendimiento para avances en materia de verificar la actuación de la Policía. –Johanna Ramírez, coordinadora del área de atención a víctimas de SSPAS.
El resultado de la evaluación fue retomado por el foro “El Salvador bajo la lupa, examen del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre el cumplimiento de sus obligaciones internacionales” desarrollado este miércoles.