Derecho a saber cómo se utilizan nuestros recursos

En la institución educativa de la que me gradué teníamos la tradición de que a lo largo del año recolectábamos dinero para hacer una celebración de despedida el último día de clases. Para pagar por la celebración cada estudiante del salón aportaba USD0.25 a la semana. El dinero era recolectado por un grupo de cuatro compañeras, las encargadas de las finanzas, quiénes, en su compromiso con la honestidad, cada fin de mes informaban al salón los avances en la colecta y le recordaba a quienes tenían algún aporte pendiente. Al final del año, y justo antes de empezar la celebración las 4 compañeras informaban al resto cómo se había gastado el dinero. Todas nos íbamos de vacaciones teniendo la certeza de cómo habíamos colaborado a la celebración y en el caso de que alguien tuviera alguna duda o cuestionamiento, esto se resolvía mostrando el registro de las contribuciones de cada estudiante o revisando los recibos de las compras realizadas, garantizando que el dinero de todas se hubiera utilizado de manera honesta y responsable.

Todos y todas hemos tenido experiencias similares tanto en el salón de clases, con grupo de amistades o con colegas en el trabajo. Probablemente no todas esas experiencias han sido buenas, es usual que los problemas surgen cuando quien administra el dinero del grupo no lo hace de manera transparente y ante los cuestionamientos empieza a dar excusas o toman como ofensa cualquier cuestionamiento. Pero en un contexto como el descrito tenemos derecho a preguntar y exigir explicaciones de cómo se utiliza nuestro dinero.

Ese derecho también aplica sobre la forma en la que se utiliza el dinero del presupuesto público. Todas las personas, con el pago de nuestros impuestos, estamos contribuyendo al financiamiento de las instituciones públicas, al pago de salarios de sus funcionarios y empleados, a la compra de insumos para la prestación de servicios públicos, en fin, para que el Estado funcione. En este caso son los funcionarios (presidente, ministros, diputados) quienes asumen el rol de administrar estos recursos y su responsabilidad es gestionarlos de manera honesta.

Un ejemplo de la importancia de contar con la información sobre cómo se utiliza el dinero público nos lo han dado los diputados de la Asamblea Legislativa. Según se conoció recientemente, cada uno de ellos dispone de 14,000.0 al mes para pago de asesores, es decir, que cada diputación dispone de un monto que permitiría a 55 familias cubrir el costo de la canasta básica de alimentos. Si consideramos que no solo hay un diputado, sino 60, el órgano legislativo destina $ 840,000 al mes en pago de asesores. Esto suma más de USD10 millones al año. Con esos recursos, más de 3,000 familias podrían comprar alimentos básicos para sus hogares cada año. Hasta este momento no se conoce si las personas contratadas como asesoras están calificadas o si efectivamente desempeñan sus labores.

Pero el pago de asesores es solo uno de los gastos de esta institución, también hay empleados legislativos a quienes se les paga un salario, hay compras de alimentos, insumos de oficina, pago de viajes y viáticos que realizan los diputados, pero esos gastos están bajo reserva por decisión de la propia Asamblea. Como ciudadanos y ciudadanas, aunque tenemos el derecho, de momento no conocemos los detalles de cómo se utilizan los USD54.1 millones del presupuesto anual de la Asamblea Legislativa.

Algo muy importante que debemos tener presente es que ese derecho a saber, a exigir cuentas sobre nuestro dinero, no solo aplica en el caso de la Asamblea Legislativa, también aplica en el caso de las alcaldías, de los ministerios (salud, educación, agricultura, obras públicas), de entidades como ANDA o CEL, y el resto de las instituciones públicas, incluyendo la presidencia de la República.

Los funcionarios a veces olvidan que el dinero que administran no les pertenece, sino que le pertenece a los y las salvadoreñas, quienes tenemos el derecho de preguntar y obtener información sobre cómo se manejan nuestros recursos. Y como ciudadanía nos toca ejercer ese derecho, para garantizar que cada centavo de nuestro dinero se utilice de manera responsable, honesta y transparente.

Lourdes Molina Escalante, economista sénior de Icefi @lb_esc