Desenfrenadas ambiciones

Hace unos días recordamos el último golpe de Estado, total, en El Salvador. Efectivamente, el 15 de octubre de 1979 la entonces autonombrada "juventud militar” se alzó contra el general Carlos Humberto Romero. En la proclama lanzada, esta manifestó estar consciente "de sus sagrados deberes para con el pueblo salvadoreño” y compenetrada "con el clamor de todos sus habitantes” contra el Gobierno derrocado por violar derechos humanos, además de fomentar y tolerar "la corrupción en la administración pública y de justicia”. Asimismo, lo responsabilizaron por el "desastre económico y social” existente; también por el desprestigio profundo del país y de "la noble institución armada”. 45 años después, aunque todo se relaciona, no es ocioso preguntar particularmente cómo estamos hoy en lo que toca a la corrupción. Pero antes habría que mencionar que tras otro golpe de Estado total consumado el 14 de diciembre de 1948, hace más de siete décadas y media, se instaló un Consejo Revolucionario de Gobierno durante 21 meses; sus integrantes acusaron al "régimen caído” de traicionar "los anhelos populares” y violar la legalidad "para encubrir desenfrenadas ambiciones de mando y de riquezas”. Y anunciaron de entrada ‒entre los aspectos guías de su quehacer– que prevalecería la "[h]onestidad absoluta en el manejo de los fondos públicos”; también advirtieron que el "personal administrativo” sería seleccionado "a base de capacidad, probidad, dinamismo y entusiasmo”. En ese marco se creó, precisamente, el Tribunal de Probidad el cual mandó al bote a varios sujetos que se lucraron sangrando al tesoro público, incluidos dos expresidentes derrocados: el teniente coronel Osmín Aguirre y Salinas junto al general Salvador Castaneda Castro. Lo que ocurre ahora, entonces, no es novedad. Sorprendente sería que tras tanto año transcurrido, se comenzaran a hacer realidad pajazos como el del "dinero alcanza cuando nadie roba”. "El pez por la boca muere”, reza el refrán; así pues, esa consigna proselitista estrenada por Nayib Bukele para ganar constitucionalmente la elección del 2029 es lapidaria. Resulta evidente que ni durante el anterior ni en el actual "Gobierno” –entrecomillado por inconstitucional– ha alcanzado la plata y por eso son préstamo tras préstamo los que vemos aprobar por la sumisa bandada cian –perdón, bancada– y sus minicomparsas en la Asamblea Legislativa. Y un comentario del presidente de esta, se convirtió en autogol o bumerán. "Si usted ve que un político –aseguró Ernesto Castro– compra carros nuevos, apartamentos, fincas y casas, solo tiene dos opciones: o es mago o es ladrón. Pero como no puede ser mago, les digo con propiedad que es ladrón”. ¿Y qué familión, durante cinco años en el poder totalmente controlado, "invirtió” casi diez millones de dólares en bienes inmuebles? Ciertamente no fue la del ilusionista salvadoreño Francisco Rubén Girón, mejor conocido como el mago "Francis Fanci”. Para ello, se necesitan "tapaderas”; es decir, lealtades de personas también corruptas. Entre estas, pululan las que aceptan un cargo para el cual no están capacitadas. Y, perdónenme, pero no creo que Roxana Seledonia Soriano lo esté para figurar en los cargos que ha ocupado en menos de cuatro años. Dicha abogada fue precandidata a diputada por el oficialista partido Nuevas Ideas en el 2020, pero perdió las elecciones internas; en diciembre del mismo año Bukele la metió, como comisionada propietaria, al Instituto de Acceso a la Información Pública; en agosto del 2023 fue electa magistrada presidenta de la Corte de Cuentas de la República y hoy es la mandamás del Tribunal Supremo Electoral. Esta señora pasó, pues, de ser proyecto frustrado de parlamentaria a integrar el ente nacional de derecho público caracterizado actualmente por negarle información a la ciudadanía; luego omitió contarle las costillas a una institucionalidad secuestrada, para terminar ahora ‒no se sabe después‒ siendo la encargada de contabilizar votos en futuras elecciones, imagínense a favor de quién... ¡Qué trayectoria más veloz y "envidiable”! Como hace 75 y 45 años, acá la corrupción en la administración pública y de justicia sigue presente. La primera es posible, porque existe la segunda como garante de impunidad. Eso explica que el porrazo inicial de Bukele al aparato estatal que con obstáculos, fallas y aciertos se había comenzado a establecer en el país después del fin de la guerra, se lo haya dado a la Sala de lo Constitucional legalmente integrada. Este es el último golpe de Estado parcial perpetrado en el país el primer día de mayo del 2021. Así, ahora estamos como estamos: sufriendo por las mismas mañas de siempre, viviendo y muriendo en un país militarizado ‒como antes‒ y sin seguridad humana integral ni certeza sobre cuánto más la gente aguantará tantas "desenfrenadas ambiciones”.