La nueva reforma de pensiones de 2022 y que inició su vigencia en 2023 en El Salvador permitió que el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) continuara emitiendo instrumentos de deuda estatal para que las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP) los puedan adquirir y así lograr que el ISP financie obligaciones previsionales como el pago de pensiones del sistema público.

Desde abril de 2023 hasta marzo de 2024, la deuda de pensiones creció en $1,519.19 millones, en Certificados de Obligaciones Previsionales (COP), los nuevos instrumentos que fueron creados a partir de la reforma.



Antes de la reforma la deuda estatal de pensiones se emitía a través de Certificados de Inversión Previsionales (CIP), los que fueron convertidos en Certificados de Financiamiento de Transición (CFT) con un nuevo periodo de gracia de cuatro años y un interés del 7 % anual.

Así, la deuda estatal de pensiones solo en estos dos certificados asciende ya a casi $10,000 millones ($9,916 millones).

La Superintendencia del Sistema Financiero dejó de publicar el boletín estadístico previsional que hasta abril de 2023 registraba una cartera de inversiones de $13,340.7 millones de los ahorros de las pensiones en las AFP (Fondos de Pensiones), de los cuales se registraban $10.426.6 millones en instrumentos de instituciones públicas.

La calificadora de riesgos Fitch indicó en su más reciente informe que la capacidad de los inversores nacionales, incluidos los fondos de pensiones y los bancos, para absorber la deuda pública "han disminuido en los últimos años", aunque considera que el gobierno podrá continuar financiando su presupuesto en el mercado local. Esta calificadora consideró el canje de la deuda de pensiones "un incumplimiento".