“Desde el momento en que los connacionales establecieron contacto directo con el Consulado de Colombia en San Salvador, se realizaron las gestiones necesarias para garantizar su seguridad y su regreso al país sin inconvenientes”, dice un comunicado corto del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.
El medio colombiano El Heraldo añade que los ciudadanos suramericanos fueron detenidos el 21 de enero en Soyapango, San Salvador, y que uno de los detenidos “aclaró” que su detención fue por problemas migratorios y por pertenecer a pandillas.
El pasado 18 de abril, medios colombianos hicieron pública la denuncia de una familia que indicaba que su pariente identificado como José Antonio Potes Cáez, de 27 años, viajó a El Salvador y supuestamente fue detenido por ser pandillero del barrio 18.
Según relató la familia del joven, Potes Cáez viajó atraído por el plan de seguridad del Gobierno de Nayib Bukele, pero habría sido detenido al siguiente día de su llegada. Horas más tarde, el mismo joven apareció en un video difundido por un medio colombiano, asegurando que fue detenido, pero no por pertenecer a pandillas, sino por su situación migratoria.
“Mi nombre es José Antonio Potes Cádez, soy un joven colombiano que actualmente estoy en las calles de El Salvador, libre, pues el tema mío fue un malentendido, un malentendido que estaba en la cárcel por temas de pandillas, pero que nunca fue por temas de pandillas, sino fue temas de migración; un mal entendido con migración, estuve fue sin permiso de trabajo y estaba laborando, estuve detenido y veo que los medios difundieron algo que no era”, dice Potes Cáez, en un video que difundió el medio colombiano Semana.
El joven se grabó en un video y afirmó estar en las calles de El Salvador “como una persona común, una persona libre, disfrutando mi libertad, con ganas de empezar mi vida en este hermoso país y pues Dios me ha dado la oportunidad de estar acá”.
Desde el 27 de marzo de 2022, El Salvador está bajo un régimen de excepción que prohíbe el derecho a la defensa, a la detención administrativa por 72 horas y a la no vulneración a las telecomunicaciones. El Gobierno hace cuenta que ha detenido a más de 65,000 personas.