La mayor ejecución la hicieron la Procuraduría General de la República (PGR) y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), instituciones que ejecutaron el 100 % de sus presupuestos.
Al cierre del año, el presupuesto estatal aumentó en $4,072 millones: inicialmente el presupuesto fue aprobado en $9,064.1 millones, pero a lo largo del año se incrementaron $4,072.4 millones, cerrando en $13,089.9 millones programados.
Los fondos incorporados al presupuesto provinieron de tres fuentes diferentes: títulos valores, préstamos y excedentes de impuestos.
Las ejecuciones presupuestarias oscilan entre el 47.1 % del Ministerio de Obras Públicas hasta el Ministerio de Relaciones Exteriores, que alcanzó un 97 % de ejecución presupuestaria, disponiendo de $65.3 millones de un total de $67.3 millones.
Según el informe, el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte devengó gastos por $425.1 millones, de los cuales $255.6 millones fueron transferidos a instituciones adscritas para ejecutar obras de mantenimiento periódico y rutinario de la red vial, a través del Fondo de Conservación Vial (Fovial), para el funcionamiento del Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito (Fonat) y para proyectos de inversión de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Anda).
También se orientaron $115.4 millones para inversión, entre estos proyectos, estuvo la construcción del by pass en San Miguel y $54.1 millones para obras preventivas en zonas de alto riesgo.