El caso de la masacre de El Mozote y lugares aledaños fue elevado a fase plenaria, informó la organización Cristosal este martes, luego que el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera emitiera una resolución y la notificara el pasado 26 de noviembre de 2025.

La resolución habilita que la vista pública pueda ser programada en los próximos meses, tras un tiempo para que las partes presenten apelaciones.

A través de un comunicado, Cristosal destacó que este avance es el resultado de más de cuatro décadas de lucha de sobrevivientes y familiares, quienes por 44 años han buscado justicia frente al Estado salvadoreño que, reiteradamente en el pasado, ha intentado cerrarles el acceso a la verdad.

Una operación militar realizada en diciembre de 1981 asesinó a más de mil civiles, en su mayoría niñas, niños y adolescentes en el caserío El Mozote y aledaños, esta matanza es considerada la mayor masacre registrada en América Latina en el periodo contemporáneo.

El juicio será dirigido contra el exministro de Defensa Guillermo García, señalado como el máximo responsable, y contra otros 12 oficiales del Batallón Atlácatl, acusados de asesinato, asesinato tentado, incendio, violación y coacción agravada.

Cristosal señaló que el avance del proceso ha sido posible por la prueba testimonial brindada por sobrevivientes y por los hallazgos forenses dirigidos por el Equipo Argentino de Antropología Forense, además de los peritajes técnicos impulsados por la acusación particular integrada por Cristosal y Tutela Legal.

El paso a etapa plenaria ocurre en vísperas del 44 aniversario de la masacre, este próximo 10 de diciembre, y, según la organización, en un contexto histórico marcado por incumplimientos del Estado salvadoreño.

La primera denuncia en contra de esta masacre ocurrió hace 35 años y hace 13, ocurrió la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenó juzgar a los responsables. El caso se reabrió hace nueve años, tras la anulación de la Ley de Amnistía, que por 23 años impidió avanzar en el caso. A esto se le debe sumar que más de 140 víctimas han muerto sin ver justicia.

La organización también recordó que distintos gobiernos han bloqueado el acceso a información clave. En 1992, el expresidente Alfredo Cristiani negó la existencia de archivos militares; en 2020, el presidente Nayib Bukele impidió inspecciones judiciales en instalaciones castrenses; y en 2021, la destitución del juez del caso durante la reconfiguración del Poder Judicial generó un nuevo estancamiento.

Pese a estos obstáculos, Cristosal afirmó que el proceso judicial ya incorpora evidencia contundente sobre los hechos y la cadena de mando de los oficiales acusados. “La justicia para las víctimas de este atroz crimen es un deber ineludible del sistema de justicia salvadoreño”, sostuvo.

Cristosal acompañó el caso desde su reapertura en 2016 y hasta su salida del país en 2025, tras denunciar persecución política del actual gobierno contra organizaciones defensoras de derechos humanos. No obstante, enfatizó que su compromiso con las víctimas continúa e instó a que esta etapa crucial avance “sin instrumentalización ni propaganda política desde los poderes del Estado”.