En 2017, las víctimas no percibieron los beneficios o el capital aportado en esa cooperativa, que tenía cómo finalidad aumentar sus ingresos, y fue cuando denunciaron a la empleada de Hacienda ante la Fiscalía por el delito de retención o apropiación indebida.
“Este día en audiencia de vista pública se suspendió la misma ya que se logró un acuerdo conciliatorio, el cual consiste en que la imputada va a pagar la cantidad total de $35,000, lo cual va a ser repartido entre las víctimas del caso”, afirmó la fiscal.
Nuria Hernández tendrá un plazo de cuatro años para pagar la cantidad de dinero acordada con las 67 víctimas.
La Fiscalía aseguró que el monto inicial por el delito acusado por el que estaba siendo procesada la empleada de Hacienda, ascendía a los $74,000 en perjuicio de las 67 víctimas.