“Esos que hicieron de los fondos públicos una chequera para sus lujos y para sus privilegios, es hora de que por fin paguen, tienen que devolver lo robado y hasta ahí tienen que llegar las consecuencias. Que el pueblo salvadoreño cuando los vea en la calle, cuando los vea en un restaurante, cuando los vea viajando y con esos lujos que tanto se ufanan, que el pueblo salvadoreño sepa que esos que van caminando ahí, que esos que van viajando ahí, que esos que están comiendo ahí son ladrones y que todos esos privilegios lo hicieron a costilla de todo lo que le estuvieron robando a este país”, aseveró Castro.
Las opiniones del diputado presidente fueron expresadas durante la aprobación del informe final que presentó la Comisión Especial que investigó sobresueldos desde el 2021 y que fue aprobado ayer con 65 votos de Nuevas Ideas y aliados. Hubo dos abstenciones, una de Arena y otra de Nuestro Tiempo.
En su intervención, Castro dijo que espera que la Fiscalía General de la República profundice en la investigación de los señalados por recibir dinero público sin justificación.
“Esperamos que el trabajo de las autoridades siga profundizándose, porque todavía hay mucho por investigar, para que todos estos corruptos que usaron el dinero de la gente que pudo usarse para escuelas, hospitales, para contratar más maestros, más enfermeras, más médicos, para que ahora tuviéramos un mejor país, económicamente hablando. Si se lo acabaron completamente. En 2019 nos heredaron un país en donde estábamos bajo cero en todo sentido, se robaron todo, y cuando es todo, es todo”, señaló el presidente del Legislativo.
Castro recordó que "todos los actos de corrupción ya no prescriben", debido a una reforma promovida y aprobada durante la legislatura dominada por la bancada de Nuevas Ideas.
"No importa cuantos años pasen, el ladrón de ayer y de cualquier momento y de cualquier tiempo va a pagar caro", advirtió el exsecretario privado de la Presidencia de la República.
"Solo llegó gente muy preparada"
El diputado Castro hizo un breve relato de cómo, según las indagaciones de la Comisión, “la derecha creó todo un mecanismo de desfalco y corrupción” desde la presidencia de Alfredo Cristiani en 1994.“Arena ganó las elecciones en 1989 y solo llegó gente muy preparada, pensante, educada, fina de alta alcurnia, ellos idearon un sistema sumamente inteligente para esa casta de personas y ellos idearon un mecanismo de desfalco y de corrupción con el que se repartieron el dinero de los salvadoreños, eso es lo que ellos hicieron, de entradita”, expresó.
Según las indagaciones y apreciaciones propias de Castro, los funcionarios de Cristiani, “gente muy preparada”, no podían darse el lujo de dejar de estar al frente de sus empresas por un salario de funcionario público, por lo que “hacían algo bien chiche, bien fácil de entender, a algunos les daban $10,000, pero había otros que llegaron a ganar hasta $30,000 al mes, fuera del sueldito que tenían como funcionario público".
Al hacer números, dijo, al sumar $30,000 al mes, son $360,000 al año por cinco años, $1,800,000, “libre de impuestos”.
Aseguró que esos “gobiernos de Arena y el FMLN compraban votos, compraban decisiones de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, compraban decisiones de la Corte de Cuentas, compraban jefes de prensa, donde compraban salas de redacción completas, algunos dicen que costaba alrededor de $500,000 al mes... $500,000 le costaba la gobernabilidad al pueblo salvadoreño al mes, $6,000,000 al año, $30,000 millones costaba la gobernabilidad en esos períodos de cinco años”, señaló.
El mecanismo creado, según Castro, por los gobiernos de Arena fue heredado a los gobiernos del FMLN. “El expresidente saliente, en ese entonces, Elías Antonio Saca se sentó con el presidente entrante del FMLN (Mauricio Funes) y lo primero que pactaron fue el mismo mecanismo de desfalco y de cómo seguirle robando al pueblo salvadoreño por medio de los sobresueldos... Y el FMLN ocupó el mismo mecanismo y llamó a su gente y continuó con la misma forma de robarle al pueblo salvadoreño con esta forma de los sobresueldos”, aseguró.
“Algunos le llamaron compensación, otro le llamaron bonificación y otros estipendio, pero el pueblo salvadoreño lo conoce solo de una forma: robo y eso es lo que hicieron: robar”, cuestionó el presidente de la Asamblea Legislativa.
El informe realiza un relato de las entrevistas realizadas a personas vinculadas directa o indirectamente a entrega de sobresueldos que fueron citadas en la Comisión especial, como los expresidentes Alfredo Cristiani y Antonio Saca, y sus respectivos exsecretarios privados Arturo Tona y Élmer Charlaix, el exvicepresidente Carlos Quintanilla Schmidt, en el periodo del expresidente Francisco Flores, y la exvicepresidenta Ana Vilma de Escobar.
También, fueron citados el exsecretario Luis Mario Rodríguez, exmagistrado Agustín García Calderón, el diputado Rodrigo Ávila, Federico Hernández, Benjamín Cestoni, Darlyn Meza, Carlos Acevedo y los excomisionados de desarrollo Roberto Rubio y Salvador Samayoa, Eugenio Chicas, la exdiputada Yanci Urbina, y el actual fiscal general Rodolfo Delgado.
Además, cuenta que la Comisión pidió al jefe de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) los informes de las declaraciones patrimoniales y sus adendas corrrespondientes a Alfredo Cristiani, Arturo Tona, Antonio Saca, Élmer Charlaix, Carlos Quintanilla, Ana Vilma Albanez de Escobar, Herman Rosa Chávez, Darlyn Meza Lara, Luis Mario Rodríguez, Agustín García Calderón, Rodrigo Ávila Avilés, Ana Margarita Escobar, Federico Hernández Aguilar, Benjamín Cestoni, César Funes, José Alberto Herrera, Rolando Álvarenga, Carlos Acevedo, Roberto Rubio, Salvador Samayoa, Eugenio Chicas y la fallecida Yanci Urbina.
Así mismo, citaron que Saca mencionó como receptores de los sobresueldos a Margarita Escobar, Rodrigo Ávila, Francisco Laínez, Marisol Argueta, Guillermo López, Yolanda Mayora de Gavidia, Darlyn Meza, José Luis Guzmán, José Roberto Espinal, Gerardo Suvillaga, Carmen Elisa Sosa, David Gutiérrez, Jorge Nieto, Hugo Barrera, Luis Cardenal, Rubén Rochi, Elmer Cruz, Luis Mario Rodríguez, entre otros, además de mencionar “apoyo institucional a magistrados de la CSJ, exfiscales generales de la República y secretarios de partidos políticos (Partido de Conciliación Nacional y Partido Demócrata Cristiano), entre otros”. Señalan que recibían $10,000 mensuales aproximadamente.