Es común ver segmentos en programas televisivos para solicitar ayuda: un hombre joven que tuvo un accidente de tránsito quedó cuadripléjico y ahora su madre, una mujer de la tercera edad, sale a vender golosinas para intentar cubrir los gastos del hogar. Una pareja de ancianos perdió su hogar en un incendio, lograron armar una champa con láminas llenas de hollín, piden apoyo para que alguien les regale una cama y una silla de ruedas para que la esposa pueda movilizarse, acompañar a su esposo a vender y poder alimentarse. Una madre de dos niños con retraso mental pide el apoyo para comprar los medicamentos que necesitan, su pareja decidió migrar para buscar mejores oportunidades, pero fue aprehendido en el trayecto y espera su deportación. Una pareja de padres jóvenes pide donaciones para poder comprar los insumos médicos que les ha pedido un hospital público para poder operar a su hija. Estas y muchas historias similares se conocen día con día, y me queda claro que por más actos individuales de caridad o por más que existan miles de fundaciones filantrópicas, esto siempre será insuficiente para erradicar la pobreza y garantizar los derechos de las personas que viven en esa situación.

La magnitud de la pobreza es algo que supera lo que de manera individual o particular se pueda hacer. Basta con revisar los resultados preliminares de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) 2022, recientemente publicados por el Banco Central de Reserva, que muestran un incremento de dos puntos porcentuales en los niveles de pobreza a nivel nacional, pasando de un 24.6% a un 26.6%, es decir que más de 500 mil hogares salvadoreños carecen de los ingresos suficientes para cubrir el costo de la canasta básica; por si fuera poco, 170 mil de ellos ni siquiera cuentan con los recursos suficientes para cubrir el costo de los alimentos. Y esto es solo considerando la dimensión monetaria de la pobreza.



Pero la pobreza no es solo una cuestión económica, es un fenómeno que se manifiesta en múltiples dimensiones, la misma EHPM estima que 1 de cada 4 hogares salvadoreños experimenta privaciones en diferentes dimensiones de la vida, lo que restringe el potencial de desarrollo de sus capacidades y, por ende, la posibilidad de vivir digna y plenamente. Esto nos muestra que la pobreza tiene causas que escapan del control individual: falta de acceso a la educación, ausencia de servicios de salud pública, un mercado laboral basado en la precarización y salarios extremadamente bajos, una política fiscal injusta y regresiva, una gestión pública ineficiente, prácticas de corrupción, entre otros.

Por lo tanto, el combate y erradicación de la pobreza requieren inevitablemente de la respuesta del Estado y sus instituciones. Las omisiones y falta de acción del aparato estatal solo provocarán la perpetuación de la pobreza de generación en generación. Por ello, desde la ciudadanía tenemos una tarea titánica que consiste en algo más de participar en campañas de solidaridad o filantropía y radica en exigir al gobierno de turno políticas públicas integrales contra la pobreza, que nazcan de la planificación y no de la improvisación; que se diseñen con base a la garantía de derechos de las personas en situación de pobreza; que sean sujetas a evaluación y procesos de mejora continua; que no sean manipuladas con fines electorales; que sean congruentes y consecuentes con otras políticas públicas; y, que cuenten con los recursos humanos, técnicos y financieros suficientes para su implementación.

Además, la lucha contra la pobreza requiere la exigencia ciudadana de un entorno propicio que facilite y promueva una participación efectiva de las personas en la conducción de los asuntos públicos, para velar que las políticas públicas estén diseñadas para atender a las necesidades expresas de la población en situación de pobreza y para vigilar que los recursos públicos se ejecuten de manera transparente. La lucha contra la pobreza es deber del Estado, pero nos toca a todas y todos exigir su cumplimiento.